El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado que planea declarar un estado de emergencia nacional para implementar una deportación masiva de migrantes. Según Tom Fitton, director de la organización conservadora Judicial Watch, el gobierno de Trump utilizaría recursos militares, incluyendo la Guardia Nacional y, de ser necesario, las tropas federales, para llevar a cabo estas expulsiones. Fitton destacó que esta medida busca hacer frente a lo que él denomina una “invasión” permitida por el presidente Joe Biden, refiriéndose al aumento de migrantes indocumentados que cruzan la frontera sur.
En respuesta, Trump afirmó en su plataforma Truth Social que la información era correcta y reafirmó su compromiso de usar la fuerza militar si la Guardia Nacional no fuera suficiente para enfrentar la situación en la frontera. Además, ha designado a Tom Homan, exdirector del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), como su “zar de la frontera” para supervisar las políticas migratorias. Homan ha sido un defensor de políticas estrictas, incluyendo la separación de familias migrantes durante el primer mandato de Trump.
La propuesta ha generado preocupación entre defensores de los derechos humanos, quienes temen por la seguridad de los más de 11 millones de migrantes indocumentados en el país. Economistas también advierten que la deportación masiva podría tener un costo económico exorbitante, dada la escasez de mano de obra en sectores clave de la economía estadounidense.
