El consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Alejandro Celorio, ha resaltado la estimación de México de que más de 15 mil millones de dólares (equivalente al 5 por ciento del PIB) representan los daños y perjuicios causados por el tráfico ilegal de armas provenientes de fabricantes en Estados Unidos.
Desde Boston, Massachusetts, Celorio participó en una audiencia de apelación relacionada con una demanda que busca hacer responsables a siete empresas por su negligente comercio que beneficia a las bandas de la delincuencia organizada en México.
El funcionario subrayó que el gobierno mexicano ha destinado una cantidad considerable de recursos para enfrentar la violencia generada por el tráfico ilícito de armas.
La gran cantidad de armas y su poder de fuego, provenientes del tráfico ilegal desde Estados Unidos, ha generado una inundación de armas en México, lo que representa una carga inaceptable que impacta directamente en la seguridad, la economía y la vida de los ciudadanos mexicanos.
Entre las consecuencias lamentables del tráfico de armas se encuentran la pérdida de vidas humanas, los gastos en atención médica, servicios funerarios, reemplazo de vehículos y unidades aéreas, entre otros.
Estos gastos para enfrentar la violencia y sus secuelas se han convertido en una carga para el país, limitando la posibilidad de utilizar esos recursos en áreas fundamentales como salud, educación e infraestructura comunitaria.
El consultor jurídico expresó su confianza en los argumentos presentados por los abogados que representan a México, quienes buscan que la ley de Protección del Comercio Legal de Armas (PLCAA) no se aplique de forma extraterritorial en daños causados a México y permita continuar el litigio legal contra las empresas responsables.
La Corte de Apelaciones deberá tomar una decisión que podría llevar entre seis u ocho meses, mientras tanto, continúa otra demanda interpuesta por el gobierno mexicano en una corte federal en Tucson, Arizona, contra cinco empresas distribuidoras de armas de fuego ubicadas en condados de Arizona, Texas y California.
El combate al tráfico ilegal de armas es una prioridad para México, que ha decomisado miles de armas de fuego y cartuchos procedentes de Estados Unidos durante la actual administración.
Con estas demandas, el país busca hacer frente a un problema que afecta profundamente la seguridad y el bienestar de sus ciudadanos, y demanda justicia y resarcimiento por los daños causados por este flagelo que proviene del país vecino.
