El pasado 15 de octubre de 2024, el Senado de la República de México aprobó la convocatoria para integrar los listados de candidatos que contenderán por diversos cargos en el Poder Judicial, incluyendo ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), magistrados. del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y jueces de Circuito y de Distrito. La decisión fue respaldada por 78 votos a favor de los senadores de Morena y sus aliados, mientras que la oposición, compuesta por el PRI, PAN y Movimiento Ciudadano, contabilizó 39 votos en contra.
El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, calificó esta acción como una «convocatoria histórica». Para el próximo año, se elegirán cinco ministros y cuatro ministros de la SCJN, así como una magistrada y un magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral, y diez magistradas y cinco magistrados en las Salas Regionales. La convocatoria también contempla 464 cargos de magistrados de Tribunales Colegiados y 386 jueces de Distrito, lo que refleja la magnitud del proceso electoral que se avecina.
En el Pleno, el senador Clemente Castañeda, del Movimiento Ciudadano, criticó la convocatoria al señalar que representa el fin de la separación de poderes en México, argumentando que el Ejecutivo busca ejercer control sobre el Judicial como una venganza por decisiones adversas tomadas en los últimos años. En contraposición, Adán Augusto López, coordinador de Morena, descalificó la postura de la oposición, tildándola de «berrinchuda» y acusándola de hipocresía al afirmar que su partido busca controlar el Poder Judicial.
La senadora del PAN, Mayuli Latifa Martínez, también se hizo escuchar en el debate, calificando el proceso como un «espectáculo vergonzoso» y expresando su preocupación de que la convocatoria busca someter al Poder Judicial. Esta situación ha generado un ambiente tenso en el Senado, reflejando las profundas divisiones políticas en el país y el debate sobre la independencia judicial en México. Con esta aprobación, se abren las puertas a un proceso electoral que definirá el futuro del sistema judicial en la nación y que, sin duda, seguirá siendo objeto de controversia y debate en los próximos meses.
