El Instituto Nacional de Transparencia (INAI) se encuentra bajo la lupa, ya que por instrucción del Pleno deberá hacer públicas las auditorías realizadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sobre supuestos aviadores y familiares de comisionados y ex comisionados que figuran en la nómina del instituto.
La comisionada Norma Julieta del Río Venegas señaló que es necesario un proceso de autocrítica para mejorar la institución y estar a la altura de las demandas sociales. Esta acción surge tras recibir denuncias sobre presuntas irregularidades acumuladas durante la gestión de Blanca Lilia Ibarra, la cual no fue atendida por la presidenta saliente ni por instancias de control interno. Ahora, corresponderá al recién electo presidente, Adrián Alcalá, resolver estas acusaciones.
En el marco de esta situación, se destaca la importancia de dar a conocer las auditorías del INAI para ofrecer certeza a la ciudadanía sobre su funcionamiento. La transparencia y la congruencia son elementos esenciales para investigar acciones consumadas y comprender el estado actual de la institución.
La respuesta inicial del INAI, a través de la Dirección General de Administración, señaló que los resultados de las auditorías estaban disponibles en la Plataforma Nacional de Transparencia. Sin embargo, la información proporcionada fue parcial y, además, hubo discrepancias entre la documentación suministrada y la cargada en el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT).
El análisis llevado a cabo determinó que la información disponible en la PNT era limitada a auditorías finalizadas, con problemas de acceso a algunos vínculos electrónicos. También se encontraron diferencias entre los documentos proporcionados y los cargados en el SIPOT, lo que generó incertidumbre sobre el procedimiento de búsqueda realizado.
Ante esta situación, el Pleno del INAI resolvió modificar la respuesta inicial y ordenó una nueva búsqueda exhaustiva de información en todas las áreas administrativas pertinentes, incluyendo a la Dirección General de Asuntos Jurídicos y la Oficina de la Presidencia, para garantizar la entrega completa y precisa de los documentos requeridos por la persona solicitante.
