El Parlamento británico aprobó en primera lectura un controvertido proyecto de ley que busca legalizar la muerte asistida para pacientes terminales en Inglaterra y Gales. Con 330 votos a favor y 275 en contra, la iniciativa avanzará a una fase de revisión en comisión antes de ser sometida nuevamente al Parlamento. La propuesta, impulsada por la diputada laborista Kim Leadbeater, contempla estrictos requisitos: el paciente debe tener una enfermedad terminal con menos de seis meses de vida, expresar su voluntad clara y recibir la aprobación de dos médicos y un juez.
Leadbeater defendió que la ley ofrece «elección, autonomía y dignidad» a los pacientes, argumentando que la legislación actual deja a las familias y al personal médico desprotegidos, empujando a muchos a tomar medidas desesperadas. Citó el caso de Norman, un hombre con cáncer de próstata avanzado, quien, ante el dolor insoportable, se quitó la vida.
Aunque la opinión pública respalda mayoritariamente el proyecto —tres cuartas partes de los británicos lo apoyan, según YouGov—, el debate parlamentario se mantiene dividido, con votos determinados más por convicciones personales que por directrices partidarias. En el pasado, propuestas similares fueron rechazadas, pero la postura social ha cambiado en los últimos años.
El proyecto enfrenta oposición de líderes religiosos y defensores de personas vulnerables, quienes temen abusos y presiones indebidas sobre quienes se sienten como una carga para sus familias. Otros sectores argumentan que primero debería fortalecerse la inversión en cuidados paliativos, un área que requiere mayor financiación en el sistema público de salud.
El resultado final sigue siendo incierto, con posturas divididas incluso dentro de los partidos principales. Mientras algunos líderes laboristas y conservadores han manifestado apoyo, otros, como el ministro de Salud, Wes Streeting, expresaron su rechazo, citando preocupaciones éticas y financieras.
