La diputada María Guadalupe Román consideró necesario que se tipifique e impongan las sanciones.
Ciudad de México.- Para cuidar el agua y evitar abusos de empresas, la diputada María Guadalupe Román presentó una iniciativa de reformas al Código Penal Federal que plantea sanciones que van desde dos años y hasta seis años de prisión, y que se incrementen cuando el infractor sea un servidor público.
En la integración de un capítulo de Delitos contra el Servicio Público del Agua Potable, la legisladora señala que, debe ser penalizada la extracción, distribución y almacenamiento de agua potable cuando no se cuente con el permiso, licencia y concesiones de ley, para lo cual, esta conducta también debe ser sancionada con multas de 50 a 200 días, por abusos con el manejo del agua.
Con el mismo castigo y con multas de 100 a 500 días, sería para quienes sin tener autorización, licencia, concesión o permiso emitido por la autoridad, sustraigan o se apropien del agua potable de la infraestructura hidráulica independientemente del uso que se le destine.
Román Ávila indicó que ante la falta de legislación penal que impida abusos con el recurso hídrico, consideró necesario que se tipifique e impongan las sanciones que también puede ser de uno hasta tres años de prisión, y multas de 25 a 100 días, a quien extraiga u obtenga agua de una fuente de abastecimiento, distinta a la autorizada.
Indica que la crisis del agua que vive el país, debido a la sequía y escasez de agua por otros motivos, ha provocado la proliferación de actividades ilícitas de “robo” y “contrabando” del recurso, que podrían llamarse “huachicoleo de agua”.
Otra penalización, que se propone, es de dos y hasta seis años de cárcel, y con multas de 50 a 200 días, a quien sin causa justificada altere, impida o restrinja de cualquier forma, el flujo del agua destinado al suministro a usuarios.
