El presidente de Argentina, Javier Milei, ha firmado un decreto que podría impactar en la situación laboral de aproximadamente 7 mil empleados públicos. Esta disposición detiene la renovación de contratos para aquellos funcionarios públicos que fueron contratados en el último año, desatando reacciones y movilizaciones sindicales.
Rodolfo Aguiar, secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), ha anunciado la movilización de dicha organización en una Jornada Nacional de Lucha, para protestar contra la decisión oficial de lo que califican como «despidos de 7 mil trabajadores de la Administración Pública Nacional», aunque el gobierno estima la cifra en torno a los 5 mil afectados.
El gobierno ha optado por no renovar los contratos que vencen el 31 de diciembre, mientras se lleva a cabo una auditoría para determinar el número exacto de trabajadores del Estado. Esta medida impactará en empleados de la administración central del gobierno, organismos descentralizados y empresas públicas de mayoría estatal como Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF).
Los sindicatos han anunciado que las protestas continuarán, e incluso han planteado la posibilidad de realizar un gran paro nacional, abogando por el cese total de actividades relacionadas con empresas y entidades públicas. Se menciona la protección para personas con discapacidad, aquellos cubiertos por la Ley de identidad de género, y aquellos cuyos puestos resultan indispensables de mantener ocupados.
Se plantean excepciones donde los responsables de cada área podrían justificar la permanencia de contratados luego del primero de enero, debiendo justificar cada caso ante la jefatura de Gabinete y sin la posibilidad de prorrogar contratos sin consulta previa a las autoridades pertinentes.
En paralelo, el Congreso argentino ha iniciado un periodo de sesiones extraordinarias convocado por el presidente para debatir leyes complementarias a un megadecreto de desregulación económica. La oposición y centrales obreras resisten estas medidas, buscando que la justicia las declare inconstitucionales.
Este conjunto de reformas y decretos ha generado protestas y reacciones desde distintos sectores sociales y políticos en Argentina, reflejando el descontento por las políticas implementadas por el presidente Milei desde su asunción al poder.
