La presidenta de Perú, Dina Boluarte, ha comparecido ante fiscales por tercera vez este año en relación a su presunta responsabilidad en la represión de protestas que resultaron en 50 muertes después de la destitución de su antecesor, el expresidente Pedro Castillo, quien se encuentra encarcelado. La mandataria declaró durante 90 minutos en la sede del Ministerio Público, ante la Fiscal General Patricia Benavides y su adjunto Carlos Huamán.
El abogado presidencial, Joseph Campos, informó a los medios que Boluarte había asistido y declarado ante los fiscales. Posteriormente, la mandataria se retiró del lugar sin realizar declaraciones y fue escoltada por un fuerte contingente policial que impidió el acceso de los periodistas. Campos reiteró que no existió una orden de la presidenta para que las fuerzas de seguridad del Estado dispararan contra los manifestantes y que se había pedido controlar la situación y mantener el orden público mientras se respetaban los derechos fundamentales.
Esta es la tercera ocasión en que la fiscalía interroga a Boluarte en el marco de la investigación que se abrió en enero por presuntos delitos de «genocidio, homicidio calificado y lesiones graves» relacionados con las muertes de ciudadanos durante las protestas sociales entre diciembre de 2022 y enero de 2023 en varias regiones del país.
La fiscalía busca determinar la responsabilidad de Boluarte en la represión de las manifestaciones antigubernamentales en diversas regiones de Perú. En caso de una acusación, la presidenta no podría ser sometida a juicio hasta julio de 2026, cuando concluye su mandato según lo establece la Constitución.
La represión gubernamental en Perú desde que Boluarte asumió la presidencia en diciembre pasado ha dejado un total de 50 muertos, incluyendo una veintena de personas alcanzadas por disparos de bala realizados por las fuerzas militares, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Dina Boluarte asumió el cargo después de la destitución de Pedro Castillo, quien enfrenta prisión preventiva en Lima mientras se determina si será llevado a juicio. Castillo fue destituido por intentar disolver el Congreso, gobernar por decretos y convocar a una Asamblea Constituyente.
