La crisis económica, derivada de la contracción laboral y el aumento de la inflación, ha intensificado el conflicto entre deudores y acreedores, donde predominan los cobros abusivos y la intimidación, muchas veces sin que los casos lleguen a los tribunales.
Braulio Hernández Hernández, presidente de la Barra Colegiada de Abogados de Nuevo Laredo, advirtió que empresas y bufetes dedicados a la compra de adeudos utilizan “mil argucias” para presionar a los deudores, pese a que en Tamaulipas estas prácticas ya están tipificadas como delito en el Código Penal estatal.
“La denuncia se inhibe por la carga emocional del deudor, lo que permite a las empresas actuar con hostigamiento e intimidación, sin respaldo de un juez”, señaló.
Explicó que, si bien existe la opción legal de embargo de cuentas bancarias, esta vía es poco utilizada, pues requiere un procedimiento formal que muchos acreedores evitan. Además, en algunos casos, el costo del trámite no resulta rentable para los abogados.
Hernández Hernández también denunció que otro abuso frecuente es otorgar créditos de forma dolosa, sin condiciones reales para garantizar el pago, bajo la premisa de que el bien podrá ser recuperado al primer incumplimiento.
Mostró como ejemplo exhortos extrajudiciales que buscan infundir temor en el deudor para forzar el pago, aun cuando estos documentos carecen de sustento jurídico.
