La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDis) de Argentina desató una ola de críticas al incluir términos obsoletos y ofensivos en la Resolución 187/2025, publicada en el Boletín Oficial. El documento, que establece criterios para evaluar la invalidez laboral, utiliza expresiones como «idiotas», «imbéciles» y «débiles mentales», lo que ha sido calificado como un retroceso en materia de derechos humanos.
Diversas organizaciones, como la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), han exigido la derogación inmediata de la norma, argumentando que vulnera la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, de jerarquía constitucional en Argentina. Expertos han señalado que este tipo de lenguaje perpetúa la discriminación y atenta contra la inclusión social de las personas con discapacidad.
Ante la controversia, abogados y activistas han advertido que la administración de Javier Milei debe garantizar un enfoque basado en derechos humanos y no en modelos médicos excluyentes. La presión social sigue en aumento para que se modifique el documento y se evite la normalización de términos ofensivos en políticas públicas.
