El Congreso de Tamaulipas trabaja en una iniciativa para regular las llamadas “aportaciones voluntarias” en las escuelas públicas, con el objetivo de frenar los abusos que enfrentan padres de familia en cada ciclo escolar.
Aunque estas contribuciones son opcionales según la legislación federal, en la práctica se han convertido en montos obligatorios, que en algunos casos alcanzan cifras desproporcionadas.
Ana Laura Huerta, diputada local por Nuevo Laredo, señaló que esta problemática afecta a miles de familias en la entidad, especialmente en niveles de educación básica.
Ejemplos recientes evidencian que en secundarias de la región, como la número 7, se han solicitado hasta 2 mil pesos por alumno como cuota, mientras que en primarias las cantidades oscilan entre 500 y 900 pesos, y en jardines de niños entre 350 y 500 pesos.
Los directivos de las escuelas suelen justificar estas aportaciones argumentando que los recursos oficiales solo cubren gastos básicos, como salarios de maestros, agua y luz, pero no los insumos necesarios para el mantenimiento del plantel.
Sin embargo, padres de familia denuncian que no hay transparencia en el uso del dinero y que muchas veces no se reflejan mejoras en las instalaciones. Además, han surgido casos de presunto desvío de recursos por parte de directores y presidentes de sociedades de padres.
Ante esta situación, la Comisión de Educación en el Congreso estatal, encabezada por Blanca Anzaldúa, trabaja en una propuesta para establecer un tope en las cuotas escolares.
“Buscamos evitar los abusos y fijar una cantidad máxima para quienes decidan hacer esta aportación, pero siempre respetando que sea voluntaria”, explicó Huerta.
La legisladora adelantó que esta será una de las prioridades del próximo periodo de sesiones, con la intención de implementar la regulación antes del inicio de inscripciones en febrero.
Además de establecer límites claros, se busca garantizar el control de los recursos y erradicar prácticas como el desvío o uso indebido del dinero. Con esta medida, se espera aliviar la carga económica para las familias, especialmente aquellas con menores ingresos, y garantizar que las aportaciones sean aplicadas de manera transparente y efectiva en beneficio de los estudiantes.
