El plan, elaborado por decenas de exfuncionarios del gobierno de Donald Trump, propone establecer un nuevo marco de prioridades para el Departamento de Seguridad Nacional.
La fuerza nacional de deportaciones incluida en el ‘Proyecto 2025’, la estrategia conservadora divulgada por la Fundación Heritage, va más allá de la reagrupación de la totalidad de fuerzas federales que participan en el proceso migratorio.
Recomienda modificar, anular o eliminar todo reglamento vigente que vaya en contra del objetivo que tienen los juicios de deportación estipulados en la ley vigente para acelerar la expulsión de extranjeros con o sin papeles de estadía legal en Estados Unidos.
El plan, elaborado por decenas de exfuncionarios del gobierno de Donald Trump -cuya campaña hace esfuerzos por desmarcarse de las propuestas contenidas en el documento de casi 900 páginas-, propone establecer un nuevo marco de prioridades para el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), ministerio creado en 2003 en respuesta a los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001, cuya atención debe enfocarse en la persecución, arresto y deportación de indocumentados y, simultáneamente, restringir la inmigración legal e investigar miles de solicitudes de naturalización de extranjeros en busca de fraude.
Las deportaciones masivas, tal y como ha mencionado Trump en sus discursos y entrevistas como candidato del Partido Republicano para un segundo mandato en la elección presidencial del 5 de noviembre, no solo se limitarían a la ejecución de redadas en casas de extranjeros y centros de trabajo, sino también en lugares sensitivos tales como iglesias, escuelas, hospitales y tribunales de justicia.
Y la lista de inadmisibles también incluiría a todo extranjero que cometa un simple error administrativo, como por ejemplo dejar en blanco un espacio en un formulario del servicio de inmigración.
“Esto ya lo hemos visto”, dice Armando Olmedo, vicepresidente y consejero legal de inmigración de Televisa Univision, co-autor del libro ‘Inmigración: las nuevas reglas’ y co-presentador del programa ‘Hablemos de Inmigración’.
“Los inmigrantes deberán estar limpios. La propuesta tendrá un gran impacto, por ejemplo, en los procesos de extensión de beneficios legales. Así, si un inmigrante envía la petición a tiempo, pero dejó en blanco un casillero o no respondió una pregunta y el servicio de inmigración rechaza la petición, puede dejarlo fuera de estatus. Ese es el gran susto porque esa persona estaría en riesgo de perder sus derechos de permanencia en Estados Unidos”, advierte.
