El presidente firmó una proclama que introduce una tasa anual de 100.000 dólares para las solicitudes de visa H-1B y ordena elevar los salarios prevalecientes, buscando reducir abusos del programa
Washington D.C.- El presidente Donald Trump firmó una proclama que impone una nueva tasa anual de 100.000 dólares para cada solicitud de visa H-1B.
Hasta ahora existían tarifas mucho menores; esta medida refleja un cambio drástico en los costos para empleadores que utilizan este programa.
Además, la orden presidencial instruye al Secretario de Trabajo para que se inicie un proceso regulatorio con el fin de elevar los niveles de salario prevaleciente (“prevailing wage”) requeridos para trabajadores con visa H-1B, con el propósito de evitar que se contrate mano de obra extranjera a salarios mucho más bajos que los de trabajadores estadounidenses.
Según la nueva política, la tarifa de 100.000 dólares deberá pagarse por cada año de vigencia de la visa.
Esto representa un cambio de paradigma frente al sistema vigente, donde los costos de solicitud y registro son significativamente menores.
La motivación oficial del Gobierno es “cerrar brechas de abuso” del programa, proteger los trabajos de ciudadanos estadounidenses, y desalentar que empresas usen la visa H-1B para reemplazar mano de obra local por empleados extranjeros dispuestos a salarios menores.
Críticos advierten que esta reforma podría tener efectos adversos: menores contrataciones extranjeras, encarecimiento para empresas tecnológicas, pérdida de competitividad internacional y posibles acciones judiciales por exceder competencias presidenciales en cambios de tarifas.
Sectores como el tecnológico, servicios de consultoría informática y firmas que dependen fuertemente de trabajadores H-1B ya han manifestado preocupación, pues los costos de cumplimiento—tarifas + salarios más altos—podrían hacer inviable para algunas compañías seguir empleando esta vía migratoria.
Aun cuando la proclamación ya está firmada, se espera que muchos de los cambios (especialmente los relativos al salario prevaleciente) necesiten un proceso regulatorio formal con participación pública, lo que podría implicar demoras, ajustes o impugnaciones legales.
