El Departamento de Justicia de Estados Unidos aceptó este miércoles pagar 144.5 millones de dólares a las víctimas de una matanza cometida en una iglesia del estado de Texas en 2017, para poner fin a un procesamiento por «negligencia».
Más de 75 afectados por este drama, que causó 26 muertos y 22 heridos, habían presentado una denuncia civil contra el gobierno federal, al que acusaron de no haber impedido que el autor de la masacre comprara el arma.
El acuerdo anunciado, que todavía debe ser aprobado por un tribunal, debe dar por concluido el proceso judicial.
Devin Kelley, un ex militar de 26 años involucrado en el incidente, había sido condenado en 2012 por una corte marcial por violencia contra su esposa y el hijo de ésta.
Cuando era soldado también estuvo internado en una clínica psiquiátrica tras amenazar de muerte a sus superiores.
La ley federal estadunidense prohíbe que las personas condenadas por violencia doméstica compren armas de fuego, pero los responsables castrenses no transmitieron su expediente a la policía federal, que debe verificar los antecedentes penales previo a la venta de armas.
Armado con un rifle de asalto tipo AR-15, Devin Kelley irrumpió durante una misa en una iglesia de la pequeña localidad de Sutherland Springs, en Texas, el domingo 5 de noviembre de 2017, para entonces abrir fuego contra los fieles presentes, incluidos niños.
Un tribunal federal dictaminó en 2021 que el gobierno podría ser parcialmente responsable por esa matanza y le ordenó pagar a los demandantes 230 millones de dólares. El Departamento de Justicia apeló la sentencia.
«Ninguna palabra o cantidad de dinero puede disminuir la inmensa tragedia del tiroteo masivo en Sutherland Springs», subrayó Vanita Gupta en sus declaraciones.
