JOSE INES FIGUEROA VITELA
CIUDAD VICTORIA.– Un juez federal ordenó la aprehensión del ex Gobernador tamaulipeco Francisco Javier García Cabeza de Vaca, quien apenas hace cuatro días dejó el cargo, por el delito de delincuencia organizada.
Con base en dicho mandamiento de captura, por un delito con prisión preventiva de oficio, el Instituto Nacional de Migración (INM) emitió una alerta migratoria para evitar la posible huída al extranjero del panista.
“La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó la intervención del INM para la implementación de dicha medida, al existir una orden de aprehensión en su contra emitida por un juez de distrito por su probable intervención en hechos delictivos de delincuencia organizada”, dijo el organismo dependiente de la Secretaría de Gobernación.
“Lo anterior, con el propósito de verificar, registrar e informar a las autoridades respectivas sobre los movimientos de ingreso-salida de la persona mencionada a través de los puntos de tránsito internacional”.
El 18 mayo de 2021, el juez de control Iván Zeferino Hernández, del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, ordenó la aprehensión del ex Mandatario por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero.
García Cabeza de Vaca nunca fue detenido con este mandato de captura, gracias a que un juez federal de Tamaulipas le concedió una suspensión porque consideró que existía la duda respecto a si subsistía o no el fuero.
El pasado 17 de agosto la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación anuló esa orden de aprehensión, al concluir que la FGR no podía ejercer acción penal contra el Gobernador, porque el Congreso de Tamaulipas rechazó homologar el desafuero aprobado en la Cámara de Diputados el 30 de abril de 2021.
El fallo de la Corte no fue un pronunciamiento sobre los elementos de la imputación ni sobre la responsabilidad o inocencia de García Cabeza de Vaca, por lo que dejó a la FGR el derecho a volver a judicializar el caso, una vez que el tamaulipeco dejara el cargo y ya no tuviera fuero, como finalmente sucedió.
La imputación contra el ex Gobernador se refiere a una triangulación de recursos públicos, a través de contratos de obra, que habrían sido empleados para que un empresario le comprara un departamento en Santa Fe de más de 42 millones de pesos.
Según la Fiscalía General de la República, el constructor Baltazar Higinio Reséndez Cantú, a través de dos de sus empresas, recibió al menos 5 contratos, por 138 millones 939 mil 168 pesos.
Enseguida, trianguló entre marzo y abril de 2018 una suma de 33.5 millones a Juan Francisco Tamez Arellano como pago por la compra de un terreno.
Al año siguiente, la empresa T Seis Doce, de la que Tamez Arellano es accionista mayoritario y representante legal, compró en 42.1 millones el departamento de García Cabeza de Vaca en Bosques de Santa Fe, en la Ciudad de México.
En enero pasado Faustino Gutiérrez Pérez, Juez Octavo de Distrito con sede en Ciudad Victoria, ordenó cancelar la orden de aprehensión contra Tamez Arellano, al concluir que no hay datos de prueba que hagan siquiera presumir que cometió los delitos imputados.
“Juan Francisco Tamez Arellano, Francisco Javier García Cabeza de Vaca y Baltazar Higinio Reséndez Cantú, compraron y vendieron inmuebles entre sí, es decir, transfirieron y recibieron recursos dentro de territorio nacional. Sin embargo, no se puede decir que establecieron una organización de hecho para ese fin y menos que hubiesen ocultado tales recursos, al estar plenamente demostrado que sí fueron declarados en las respectivas declaraciones fiscales y patrimoniales”, sentenció el juez.
