El incremento de la población penitenciaria en México no se detiene. El primer semestre de 2022 cerró con casi 227 mil personas privadas de su libertad en las cárceles del país, la cifra más alta de los últimos siete años. Desde 2019, cuando se ampliaron los delitos que ameritan prisión preventiva automática, la tendencia ha sido al alza.
Del total de personas en prisión, a más del 40% no se les ha probado que cometieron un delito. Están a la espera de un juicio. El aumento del número de personas privadas de su libertad ya provocó que haya casi 9 mil 800 internos en condiciones de hacinamiento.
Así lo revelan los datos oficiales actualizados del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPRS), que indican que al cierre de junio pasado la cifra exacta de personas privadas de su libertad era de 226 mil 916, que son 4 mil 547 más que las que había al arranque del año.
Para encontrar una cifra más alta de personas privadas de su libertad hay que ir hasta 2015, cuando se llegaron a registrar hasta 247 mil 488 personas recluidas. Para 2016, con la entrada en vigor del nuevo sistema penal acusatorio —que dificultó el encarcelamiento automático de personas detenidas—, la cifra se redujo hasta 217 mil 868 internos.
La tendencia a la baja logró mantenerse hasta 2018 cuando, por primera vez, el total de personas cayó por debajo de 200 mil, ubicándose en 197 mil 988. Pero, tras las reformas constitucionales impulsadas por el gobierno federal y respaldadas por la oposición, que incrementaron de ocho a 24 los delitos por los que una persona puede quedar en prisión preventiva oficiosa, esta tendencia se revirtió.
De acuerdo con las cifras oficiales, en un plazo de tres años y medio la población penitenciaria ha crecido de manera sostenida un 14.6%. Se trata de un incremento de más de 28 mil internos.
Del total de personas en prisión al cierre de junio, el 87% está acusado de cometer delitos del fuero común (imputados por las fiscalías de los estados), mientras que el 13% enfrenta cargos federales, promovidos por la Fiscalía General de la República (FGR).
