Un grupo de normalistas de Ayotzinapa, estudiantes compañeros de los 43 jóvenes desaparecidos en 2014, derribaron una puerta del Palacio Nacional en Ciudad de México. Con el objetivo de presionar al presidente Andrés Manuel López Obrador para obtener respuestas sobre el estancamiento de la investigación del secuestro, los manifestantes utilizaron una furgoneta de la Comisión Federal de Electricidad como ariete.
Bajo el grito de «vivos se los llevaron, vivos los queremos», los estudiantes rompieron ventanas, retiraron el freno de mano y empujaron la furgoneta hasta que la puerta cedió. En el interior del Palacio Nacional, el presidente estaba dando su conferencia matutina, y la intervención llevó al uso de gas lacrimógeno por parte de la policía militar para dispersar a los manifestantes.
López Obrador afirmó que los manifestantes serían atendidos por el subsecretario de Gobernación, Arturo Medina. Sin embargo, la relación entre los familiares de los desaparecidos y el presidente se encuentra en uno de sus peores momentos. Los familiares exigen la entrega de documentos de espionaje militar que consideran cruciales para avanzar en la investigación, mientras que el Gobierno ha negado la existencia de tales archivos.
Ante la ruptura del diálogo, las protestas se intensificaron, incluyendo el bloqueo de calles y manifestaciones frente a diversas instituciones. López Obrador ha acusado a los familiares de ser manipulados por un complot conservador, generando tensiones adicionales en este caso que ha perdurado casi una década sin avances significativos.
