Durante su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum destacó la significativa contribución de los migrantes mexicanos a la economía de Estados Unidos, que supera los dos billones de dólares anuales. En respuesta a la estigmatización que enfrentan en el país vecino, Sheinbaum anunció que el gobierno federal brindará seguimiento semanal al impacto productivo y social de los connacionales en EE.UU., con el objetivo de contrarrestar los discursos de criminalización y dar argumentos a los propios migrantes sobre su valioso papel económico. Subrayó que esta narrativa no solo es injusta, sino que además ignora la relevancia histórica y presente de millones de mexicanos y latinos que participan activamente en la fuerza laboral estadounidense.
La mandataria también se pronunció en contra de la orden ejecutiva impulsada por Donald Trump para eliminar las ciudades santuario, recalcando que su administración seguirá respaldando a los mexicanos en el extranjero. En la misma conferencia, Ana Teresa Ramírez Rodríguez, directora del think tank Latino Donor Collaborative, informó que en EE.UU. residen 38 millones de personas de origen mexicano, de los cuales solo 4 millones no cuentan con documentos en regla. Según los datos, los migrantes mexicanos representan el 51% de la mano de obra en granjas lecheras, el 45% en el procesamiento de carne, el 29% en construcción, el 20% en manufactura y agricultura, y el 15% en educación y salud. Además, uno de cada cuatro estadounidenses menores de 28 años tiene ascendencia mexicana, y se estima que entre 2020 y 2030, el 78% de quienes se integren al mercado laboral estadounidense serán latinos, con mayoría mexicana.
La funcionaria también desmintió la idea de que la presencia migrante se asocie con mayor inseguridad, dependencia de ayudas públicas o desplazamiento de trabajadores estadounidenses. Por el contrario, los datos oficiales reafirman que las ciudades con alta presencia mexicana no solo son estables, sino que se benefician económicamente de su participación activa. Así, el gobierno mexicano busca cambiar la narrativa en torno a la migración, reconociendo su valor y defendiendo su dignidad frente a políticas restrictivas y estigmatizantes.
