En una reunión extraordinaria de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), convocada por la presidenta Pro Tempore de Honduras, Xiomara Castro, la secretaria de Relaciones Exteriores de México, Alicia Bárcena, hizo un enérgico llamado a los países miembros para que adopten una posición unificada frente a lo que describió como un «acto autoritario y violento sin precedentes en la región»: la irrupción de fuerzas policiales ecuatorianas en la embajada mexicana en Ecuador el pasado viernes.
Durante la sesión, Bárcena expresó su consternación ante la embestida sufrida por el personal diplomático mexicano, calificando las imágenes de violencia, abuso y sometimiento como aberrantes e injustificadas. Subrayó que estas acciones quedarán marcadas en la historia y representan una afrenta no solo a México, sino a la integración regional.
Ante las dudas planteadas por algunos representantes sobre las advertencias previas de Ecuador respecto a una posible huida de Jorge Glas, ex vicepresidente ecuatoriano, y su proceso judicial por delitos de corrupción, Bárcena rechazó tales insinuaciones, afirmando que México no respaldaba tales intenciones ni las acciones llevadas a cabo por Ecuador.
Asimismo, la canciller mexicana recordó el diálogo constante entre México y Ecuador, incluso sobre el proceso electoral ecuatoriano, lo que hizo sorprendente la acción tomada por este último país. Señaló que si hubiera diferencias en cuanto a la interpretación de tratados internacionales, existen vías diplomáticas para abordarlas, como el Pacto de Bogotá.
Además, Bárcena anunció la presentación de una demanda ante la Corte Internacional de Justicia por la violación de la embajada mexicana en Ecuador. Resaltó que, tras una revisión del caso de Jorge Glas y su solicitud de asilo, México encontró indicios de que podría ser un perseguido político.
En resumen, la intervención de México en la reunión de la CELAC no solo buscó condenar enérgicamente la violación a su embajada en Ecuador, sino también instar a una respuesta conjunta de los países miembros frente a lo que considera una violación de los principios fundamentales de la región.
