La Corte de Apelaciones del Primer Circuito de Estados Unidos ha dictado sentencia a favor de México en su demanda contra empresas estadounidenses fabricantes de armas. La canciller mexicana, Alicia Bárcena, anunció la noticia en redes sociales, destacando que el caso regresará a primera instancia para la revisión del fondo del asunto.
Con esta decisión, se reactiva la demanda del gobierno mexicano, que busca que fabricantes de armas estadounidenses paguen 10 mil millones de dólares a México como indemnización por los daños causados al facilitar el tráfico de armas a través de la frontera, contribuyendo a la violencia vinculada a los cárteles de la droga.
La demanda había sido desestimada por el juez federal Dennis Saylor en julio del año pasado. La Secretaría de Relaciones Exteriores apeló ese fallo, y ahora, con la sentencia de la Corte de Apelaciones, el caso regresa para ser revisado a fondo.
El gobierno de México, a través de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), ha alertado a Estados Unidos sobre el ingreso de armas de uso exclusivo del ejército estadounidense a México. Este aviso se realizó durante una reunión de alto nivel en seguridad y migración en Washington. La canciller Bárcena destacó la urgencia de investigar este ingreso de armas y señaló que se acordó iniciar una investigación como parte de los acuerdos alcanzados en la reunión.
El gobierno mexicano estima en más de 15 mil millones de dólares los daños causados por el tráfico ilegal de armas provenientes de Estados Unidos. En septiembre pasado, durante la audiencia de apelación, México reafirmó su intención de seguir adelante con el litigio legal contra siete empresas por su comercio negligente que beneficia a las bandas de la delincuencia organizada en el país.
Durante la audiencia de apelación, los abogados de México argumentaron que la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas (PLCAA) no debería aplicarse extraterritorialmente en daños causados a México. Esta argumentación fue aceptada por los tres jueces de apelación, revirtiendo así la inmunidad que las empresas demandadas buscaban alegar a partir de esta ley.
La colaboración entre México y Estados Unidos en temas migratorios también ha avanzado, con la búsqueda de soluciones para abordar la crisis migratoria en la región. Ambos países acordaron sostener una reunión trilateral urgente con funcionarios del gobierno de Guatemala para abordar la situación. Además, se prepara una reunión de trabajo México-Estados Unidos en la Ciudad de México para combatir el tráfico de personas. Medidas acordadas en Washington también afectarán a empresas que faciliten el traslado irregular de migrantes. Estados Unidos informó que sancionará a empresas centroamericanas y sudamericanas involucradas en el transporte irregular de migrantes.
El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció una reunión con congresistas de Texas en Palacio Nacional, buscando fortalecer el entendimiento con el estado y abordar tensiones relacionadas con acciones discriminatorias hacia los migrantes mexicanos por parte del gobernador texano, Greg Abbott.
Además, Estados Unidos se comprometió a investigar la denuncia del secretario de la Defensa Nacional de México, Luis Crescencio Sandoval, sobre la detección de armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas estadounidenses en territorio mexicano. El embajador Ken Salazar expresó el compromiso de trabajar con Sedena para esclarecer la situación.
En conjunto, estas acciones reflejan los esfuerzos de México para abordar problemas relacionados con el tráfico ilegal de armas y la migración, buscando soluciones a través de acuerdos bilaterales y acciones legales.
