JOSÉ INÉS FIGUEROA VITELA
El año fiscal está cerrando intensamente para el órden institucional del Estado. El Gobernador AMÉRICO VILLARREAL ANAYA, ayer, luego de anunciar en conferencia de prensa el inicio del programa para la reducción de las tarifas de consumo eléctrico en los primeros cuatro, de los 43 municipios solicitados, tuvo agenda en Reynosa.
Allá fue a poner en marcha el primer cluster eléctrico-electrónico, que potenciará la industria manufacturera fronteriza, con todo lo que representa en materia de empleo, economía y oportunidades de nuevos negocios de proveedurías y servicios directos e indirectos.
En el Congreso Local también el cierre del periodo ordinario de sesiones estuvo acompañado de una muy cargada agenda de trabajo.
Desde la elección de la diputación permanente que fungirá durante el receso y para el caso presidirá la diputada YURIRIA ITURBE VÁZQUEZ, hasta la votación del paquete fiscal del estado para el año entrante que considera ingresos y egresos por el orden de los 81 mil millones de pesos.
Incrementos en ingresos y egresos que no precisan nuevos impuestos o aumentos de los existentes, sino modernización en los sistemas de captación y reubicación de fondos, priorizando áreas como los apoyos al campo y la educación.
El paquete de dictámenes aprobados por el pleno confirma que el Congreso visibilizó el interés popular a la hora de revisar ingresos, egresos y reformas hacendarias que avanzaron sin mayor sobresalto, con el argumento de garantizar estabilidad financiera en 2026.
Mucho orden contable, poca discusión pública sobre las prioridades, porque ahí, en las consideraciones, siempre estuvo la seguridad, la salud y la educación, que siguen trascendiendo más allá del discurso, en el peso específico del gasto programado.
En consonancia, la nueva Ley de Desaparición y Búsqueda de Personas es el dictamen más sensible.
Hay consenso político, que apuntala renovadas estrategias operativas: con recursos, personal y resultados medibles, la ley corre por los rieles de no ser solo un acto de buena conciencia legislativa, sino una decisión de política de cabal vigencia.
Protección Civil y Fiscalía reciben ajustes estructurales. Cambian nombres, amplían atribuciones, armonizan organigramas, para mejorar la respuesta del Estado, superando las viejas formas, cuando solo maquillaban ineficiencias para salir al paso.
Anticorrupción también avanza en el lenguaje. Se sustituye “Contraloría” por “Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno” y se adopta redacción incluyente.
La forma se actualiza, complementando el fondo, del castigo efectivo a los corruptos, que finalmente se está viendo, cuando se han superado las monsergas heredadas del pasado obscuro.
Seis donaciones de predios al IMSS-Bienestar revelan la ruta federalizada de la salud con el pleno respaldo del Estado, que cede patrimonio para sostener un modelo que ya marcó el cambio y promete mucho más desde estas alianzas.
En lo municipal, créditos, permutas y leyes de ingresos muestran ayuntamientos buscando recursos; se autoriza endeudamiento con fines sociales y el impuesto predial mínimo, con la actualización catastral en algunos municipios busca fortalecer haciendas locales, como una medida técnicamente correcta.
Al final, la sesión de cierre dejó una constante: mucho dictamen aprobado, rendición de cuentas y compromiso con el pueblo es la consecuencia de cuando el papel se traduce en los hechos.
En el Tribunal Electoral de Tamaulipas ayer también hubo novedades: luego de casi seis años, desde la pandemia, el pleno volvió a sesionar presencialmente y lo hizo, desahogando 12 asuntos de la agenda.
El tema de mayor interés, acaso, el del diputado panista tampiqueño PEPE SCHEKAIBAN, que también le dijo “niña” a una adversaria en campaña, hace más de un año, pero el IETAM no lo sancionó y la promovente recurrió al Tribunal.
Este ahora decidió regresar el caso al Instituto, para que reanalice el tema y actúe en consecuencia. Si esta etapa dura lo mismo que la anterior, el legislador estará inhabilitado para ser candidato a la alcaldía del puerto en dos años.
