POR José Inés Figueroa Vitela
Cuando AMÉRICO VILLARREAL GUERRA fue Gobernador de Tamaulipas, empezó a aplicar el sistema de jubilaciones de los trabajadores del gobierno del estado.
Entonces, recuerda el hoy Secretario de Administración del Estado, cayeron en la cuenta de que tenían que cumplir con los compromisos sin que se hubiera conformado el fondo para ello; al cierre de ese sexenio, ya se había saneado el sistema y se garantizaron los recursos para cubrir los compromisos hasta el 2 mil 22.
Un año después de ese plazo, ya con JESUS LABIN VERASTEGUI en el gobierno del hizo de aquel con el que le toco conocer del tema, otra vez, es solo cosa más de un año para lo que existen recursos suficientes para cumplir con los compromisos laborales del Estado.
Ese fue uno de los tantos excesos acendrados durante el pasado sexenio, por los que el gobierno de la transformación no inicio de ceros, como era común levantarse en el pasado, sino mucho más atrás del “punto muerto”.
En eso del desfalco al fondo de pensiones, fue desde el gobierno de EGIDIO TORRE que no solo dejaron de pagarse las cuotas patronales correspondientes al gobierno, sino que además, las aportaciones de los propios trabajadores, puntualmente descontadas de sus salarios, tampoco se enteraron al instituto.
Pero aun, el otorgamiento de préstamos del fondo, cuyos intereses iban a fortalecer la reserva, dejaron de hacerse, instalando una sociedad particular de aguoristas, dentro de la misma institución, que le cobraba cinco veces más intereses a los trabajadores, en una forma inhumana, criminal, definió el Secretario.
Ese fue el menor de los señalamientos contra los lastres heredados del pasado sexenio, expuestos en la primera comparecencia para la glosa del Primer Informe de Gobierno del doctor AMERICO VILLARREAL ANAYA, ante el Congreso Local en pleno.
Entrampado, quebrado y desmantelado, serían los términos en los que recibió la actual administración estatal respecto de sus antecesores, además, a ciegas, habida cuenta de la opacidad y obstrucción característica del llamado proceso de entrega-recepción.
Las preguntas de los representantes de la oposición, que pretendían desviar la atención, justificar los excesos o hacer quedar mal al nuevo gobierno, más bien sirvieron para dimensionar aún más la calidad de delincuentes impunes de todos ellos, desde las cúpulas hasta el más “humilde” de sus emisarios.
Hubo supuestos trabajadores que antes de las dos semanas de haber sido dados de alta por el PAN, a finales del sexenio, les fueron asignadas plazas sindicales y otros que teniendo cargos directivos se redujeron de rango para poder asignarse bases que les permitieran mantenerse en el empleo más allá de la conclusión del sexenio con el que llegaron.
El secretario LAVIN le aclaró al dirigente panista que las asignaciones directas que se hicieron a inicios de la administración fueron para comprar medicinas y patrullas, porque la salud y la seguridad eran imperativos impostergables en el interés y la necesidad ciudadana y esas también, ellos las dejaron desmanteladas.
Y esas 122 asignaciones directas del gobierno morenista, fueron un 43 por ciento menos de las que en el mismo periodo hizo el gobierno anterior panista, cuando asignó 163 contratos de ese tipo, aclaró LAVIN, por motivos muy distintos y montos dispares.
Como quiera el CACHORRO siguió vociferando, de pie, rondado su curul, tratando de impedir la comparecencia y pretendiendo que nada, de todo lo malo protagonizado por sus amigos, surgidos del parrido en el que lo dejaron sembrado como dirigente estatal, hubiera sucedido.
Sus gritos y los de sus cajas de resonancia desde el anonimato de las curules, a los ojos del “teleauditorio”; no se repitieron, cuando al cierre de las exposiciones, en el formato y agenda dispuesta, se concedió al espacio para replicas y contrareplicas.
Nadie pidió la palabra entonces. No tenían respuesta a aquello, ni a la existencia de pagos multimillonarios por mantenimiento, software o equipo injustificado dentro de la plataforma digital.
Pidieron les explicaran los del incremento salarial a los trabajadores de entre el 10 y el 82 por ciento y se quedaron pasmados cuando se enteraron que más de 3 mil 500 burócratas no ganaban ni el salario mínimo durante su gobierno, con una mecánica que este año afectaría a 10 mil.
La falta de control en las compras, el cobro como trabajos externos de acciones hechas por el mismo personal y equipo del gobierno. “Estamos seguros que con voluntad y trabajo, vamos a transformar las dependencias y a todo Tamaulipas”, le dijo el Secretario de Administración a todos los diputados y no dejó duda de que vayan a hacerlo.
A otras preguntas empresas, como la del emecista GUSTAVO CARDENAS, respondió que las estaciones de seguridad carretera en su mayoría no están legalizadas en la tenencia de la tierra, pero más que ello, ha de investigarse el costo de más de 11 millones de pesos pagado a los constructores, despertando sospechas de adulteración de precios.
La diputada panista MIRNA EDITH FLORES CANTU, que también había preguntado sobre el tema, como queriendo presumirlos del gobierno de su partido, se hizo más chiquita, cuando luego, el morenista PEPE BRAÑA, preguntó por el presunto involucramiento del esposo de aquella, ALEJANDRO MAINE VALDEZ, en el irregular manejo de los arrendamientos de vehículos durante el pasado sexenio.
