La elección judicial de este año se convirtió en la más costosa de los últimos cinco años, con un gasto cercano a los 7 mil millones de pesos y un costo por voto de aproximadamente 585 pesos por persona, superando ampliamente ejercicios anteriores como la consulta popular, la revocación de mandato y hasta las elecciones presidenciales de 2024.
El alto nivel de abstencionismo, con una participación estimada del 12%, contribuyó a este aumento sin precedentes. A diferencia de otras consultas organizadas por el INE, en este proceso se duplicó la cantidad de boletas, se utilizó papel de seguridad especial y se implementaron medidas de seguridad similares a las de una elección presidencial.
La impresión de las boletas, cuya cifra alcanzó los 602 millones, generó un gasto millonario que aún no se ha definido con exactitud, pero ya supera los mil 200 millones de pesos pagados a Talleres Gráficos de México. A nivel histórico, la participación fue más baja que en ejercicios similares: la consulta popular de 2021 tuvo una participación del 7.7% con un costo por voto de 227 pesos, mientras que la revocación de mandato de 2022 registró un costo de 95 pesos por sufragio. En contraste, las elecciones federales del 2024, con 60 millones de votantes, costaron 146 pesos por voto.
Además del alto costo, esta elección registró una cifra inédita de votos nulos: 10.9% de las papeletas anuladas, algo nunca antes visto desde que se llevan registros. Esta cifra representa más de 10 millones de votos anulados sobre 94.4 millones emitidos, aunque hay que recordar que en una sola boleta se elegían hasta nueve cargos distintos.
En elecciones anteriores, incluso con campañas promoviendo el voto nulo, no se había alcanzado este nivel: en 2009 fue de 5.4% y en 2015 de 4.8%. Desde 2018 los niveles de votos nulos se mantenían bajos, pero esta elección rompió la tendencia, reflejando el desinterés y posible descontento ciudadano ante este proceso judicial atípico, costoso y con escasa participación.
