La polémica en torno al proceso legal de Emilio Lozoya Austin, exdirector de Pemex, se intensifica con la presentación de recursos de revisión por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) y Petróleos Mexicanos (Pemex). Estos organismos buscan revertir la decisión del magistrado Juan Pedro Contreras Navarro, del Segundo Tribunal Colegiado de Apelación en Materia Penal del Primer Circuito, quien liberó a Lozoya en febrero, argumentando la ausencia de riesgo de fuga.
A pesar de conceder la libertad, Contreras Navarro impuso medidas cautelares estrictas, como el uso de un brazalete electrónico, retiro de pasaporte, prohibición de salir del país y la obligación de firmar el libro de procesados cada 15 días. Sin embargo, la FGR critica vehementemente la decisión del magistrado, alegando que Emilio Lozoya no ha ganado juicios, sino que ha obtenido «privilegios procesales totalmente injustos y desproporcionados» por parte de jueces y magistrados federales.
La acusación de la FGR se extiende al señalar que se excluyeron pruebas lícitamente obtenidas por la fiscalía en Brasil y Suiza, mediante tratados internacionales válidos que México ha suscrito. Esta acción, según la FGR, viola los convenios respaldados constitucionalmente. Además, la fiscalía denuncia que el juez Genaro Gerardo Alarcón López benefició injustamente a Lozoya al eximirlo del pago por la reparación del daño en el caso de Agronitrogenados, alegando que dicho pago ya lo había realizado otra persona, Alonso «N».
En medio de estas acusaciones y la impugnación de la decisión de libertad, el caso de Emilio Lozoya sigue generando controversia y planteando interrogantes sobre la equidad y transparencia en el sistema judicial mexicano.
