La tensión entre Estados Unidos e Irán escaló de nuevo esta semana luego de que el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, condenara enérgicamente las amenazas de arresto y ejecución contra Rafael Grossi, director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA). Grossi ha insistido en acceder a las instalaciones nucleares iraníes tras los recientes bombardeos de Estados Unidos, una exigencia que ha provocado reacciones hostiles desde Teherán.
Rubio manifestó que los llamados de arresto y ejecución del director del OIEA son “inaceptables” y reiteró su apoyo a la labor de verificación y monitoreo de la agencia de la ONU en territorio iraní. Por su parte, el canciller iraní Abbas Araqchi desestimó la solicitud del OIEA, cuestionando la insistencia de Grossi en visitar sitios atacados como Fordow, Natanz e Isfahán, argumentando que esas visitas “podrían esconder intenciones ocultas”.
La crisis se intensificó luego de que el Parlamento y el Consejo de Guardianes de la Revolución de Irán aprobaran un proyecto de ley para suspender la cooperación con el OIEA, pendiente aún de ratificación presidencial. La desconfianza creció tras la operación “Martillo de Medianoche”, ordenada por el expresidente Donald Trump, que bombardeó sitios clave de enriquecimiento de uranio iraní el pasado 21 de junio. Aunque Trump aseguró que “no se sacó nada de Fordow” y que el programa nuclear iraní quedó destruido, imágenes satelitales y declaraciones del OIEA indican que parte del uranio podría haber sido evacuado antes del ataque.
Grossi reveló que se desconoce el paradero de aproximadamente 408.6 kilogramos de uranio enriquecido al 60% —suficiente para fabricar más de nueve armas nucleares si se lleva a 90%—, un hecho que alarma a la comunidad internacional. Expertos como Kelsey Davenport, de la Arms Control Association, advirtieron que, si el material fue efectivamente trasladado, localizarlo será “difícil, si no imposible”.
Mientras tanto, el vicepresidente estadounidense JD Vance reconoció que Washington deberá ocuparse del combustible nuclear iraní “en las próximas semanas”, dado que las instalaciones nucleares dañadas podrían no haber contenido todo el material. La OIEA, por su parte, insiste en el regreso de sus inspectores para esclarecer el destino del uranio y verificar el estado de las 22 mil centrifugadoras iraníes, muchas de las cuales habrían quedado fuera de registro en los últimos años.
Con este nuevo episodio, el pulso entre Irán y Estados Unidos revive las preocupaciones sobre la proliferación nuclear en la región y la fragilidad de los acuerdos de no proliferación, mientras Teherán mantiene firme su postura de reservarse “cualquier medida” para proteger su soberanía y su programa nuclear estratégico.
