Una nueva directiva del Departamento de Estado de Estados Unidos, que amplía la manera en que se evalúan las enfermedades crónicas en los exámenes médicos requeridos para otorgar visas, ha generado preocupación entre defensores de inmigrantes y expertos en salud pública.
El cambio permitiría a médicos autorizados por el gobierno y a funcionarios consulares evaluar no solo riesgos sanitarios, sino también los costos de salud a largo plazo y la capacidad laboral de los solicitantes.
Tradicionalmente, la ley migratoria estadounidense prohíbe la entrada a personas con enfermedades transmisibles.
Sin embargo, la nueva guía extiende el escrutinio a condiciones crónicas no contagiosas como obesidad, enfermedades cardíacas, cáncer y diabetes, que según el gobierno podrían representar una potencial dependencia de recursos públicos.
De acuerdo con The Washington Post, la administración Trump instruyó a consulados y embajadas sobre estas modificaciones mediante un cable fechado el 6 de noviembre.
Abogados de inmigración consideran que esta medida representa un cambio significativo, pues brinda a los oficiales consulares nuevos argumentos para negar visas, ampliando de manera sustancial la revisión médica previa.
Los críticos advierten que la directiva podría abrir la puerta a decisiones subjetivas y a un trato desigual, al vincular la salud con consideraciones económicas y convertir condiciones manejables en barreras para la migración legal.
Fernando Vallina Grisanti, abogado venezolano-estadounidense especializado en derecho internacional, sostiene que la medida responde más a consideraciones pragmáticas que discriminatorias.
“Lo que se busca es minimizar costos para las agencias de salud y para los contribuyentes”, afirmó. Aseguró que políticas similares han comenzado a implementarse en algunos países europeos.
No obstante, líderes comunitarios y defensores de inmigrantes expresan preocupación por el impacto humano de la directiva. Helene Villalonga, activista venezolana radicada en Florida, considera que la medida incrementa el estigma y refuerza patrones de exclusión.
“Me parece discriminatorio, como todo lo que ha hecho la administración de Donald Trump”, señaló.
A su juicio, esta política envía un mensaje intimidante y genera incertidumbre incluso entre personas que ya viven en Estados Unidos y manejan condiciones crónicas.
Expertos en salud pública advierten que este enfoque podría desalentar a los solicitantes a ser transparentes sobre su estado de salud o a buscar atención médica, lo que afectaría tanto a individuos como a comunidades.
