En la noche del martes 20 de febrero de 2024, Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, fue liberado del Reclusorio Norte después de haber estado recluido por dos años y tres meses en relación con el caso Odebrecht. La liberación se produjo tras la decisión de un juez de Control que le otorgó un amparo, cambiando su medida cautelar de prisión preventiva a domiciliaria.
Lozoya enfrenta acusaciones por recibir sobornos millonarios de la constructora brasileña Odebrecht a cambio de contratos de obra relacionados con la ampliación de la refinería Miguel Hidalgo en Tula, Hidalgo. Se le imputa haber recibido estos sobornos para financiar la campaña presidencial del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en 2012.
El exfuncionario, detenido en España en febrero de 2020 y extraditado a México en julio del mismo año, inicialmente llevó su proceso bajo arresto domiciliario. Sin embargo, fue encarcelado en noviembre de 2021 después de que se hicieran públicas imágenes suyas en un restaurante. En 2022, la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó una pena de 39 años de prisión para Lozoya, acusándolo de asociación delictiva, lavado de dinero y cohecho.
La liberación de Lozoya se produce con condiciones específicas. Podrá transitar por toda la Ciudad de México pero no salir de ella ni del país. Además, deberá portar un brazalete electrónico y presentarse cada 15 días para firmar el libro de procesados.
La FGR ha expresado su desacuerdo con la decisión del juez, alegando que el beneficio fue dictado de manera parcial e ilegal. La fiscalía considera que se le otorgan a Lozoya privilegios injustos y presentará un recurso de revisión en el caso.
En cuanto a los procesos legales de Lozoya, uno relacionado con los presuntos sobornos de Odebrecht y otro por la compra de una planta de fertilizantes con un sobreprecio, la FGR impugnará las resoluciones y argumenta que se excluyeron pruebas lícitamente obtenidas de Brasil y Suiza, violando tratados internacionales.
