Federación de Abogados de Tamaulipas proyecta escasa afluencia ciudadana ante desinterés y complejidad del proceso electoral.
Amenos de un mes de la elección judicial que se celebrará el próximo 1 de junio en todo el país, la Federación de Abogados de Tamaulipas estima que solo alrededor del 10% del padrón electoral en Nuevo Laredo acudirá a las urnas.
De acuerdo con cifras del Instituto Nacional Electoral (INE), el padrón de votantes en la ciudad asciende a aproximadamente 350 mil ciudadanos.
Sin embargo, Javier López Córdova, presidente del organismo colegiado, advirtió que la baja participación será un factor determinante en esta jornada, impulsada por el desinterés ciudadano, la falta de información sobre el proceso y la complejidad del formato de votación.
“Pensamos que, si acaso, un 10% de la población saldrá a votar. No creemos que se registre una afluencia similar a una elección municipal o legislativa. Este es un proceso inédito, poco conocido, sin la difusión suficiente y con elementos que pueden confundir al elector”, afirmó López Córdova.
Entre los factores que podrían desalentar la participación, mencionó que los votantes recibirán hasta diez boletas distintas para emitir su sufragio, cada una con códigos de colores, nombres y números que identifican a los candidatos a jueces o magistrados, lo que podría generar confusión en una ciudadanía poco familiarizada con este tipo de comicios.
El abogado reconoció que, si bien se han desarrollado algunas herramientas informativas para orientar a la población sobre cómo votar, su alcance ha sido limitado.
Comparó el escenario con elecciones políticas tradicionales, donde incluso con campañas de alto perfil, la participación ciudadana raramente supera el 50%.
“En las elecciones convencionales ya se batalla para lograr buena participación. En esta ocasión, el reto es mayor por tratarse de un modelo nuevo y complejo. Sin embargo, confiamos en que este ejercicio democrático pueda ir mejorando en futuras ediciones”, concluyó.
La elección judicial del 1 de junio forma parte de un nuevo mecanismo nacional con el que se busca abrir al escrutinio ciudadano la designación de integrantes del Poder Judicial, con la intención de fortalecer la transparencia y legitimidad de los procesos de impartición de justicia.
