El Vaticano ha emitido un contundente llamado para acelerar los procesos de destitución de sacerdotes involucrados en casos de abuso sexual, según su primer informe sobre la protección de menores en la Iglesia. La Comisión Pontificia para la Protección de Menores, creada por el papa Francisco en 2014, presentó este documento como una «primera etapa» hacia un enfoque más riguroso. Este informe subraya la urgencia de proteger a menores y adultos vulnerables, al tiempo que busca mejorar el acompañamiento de las víctimas y garantizar su acceso a la verdad sobre los hechos ocurridos. En abril de 2022, Francisco solicitó este informe con el fin de obtener una visión clara y «fiable» de la situación.
Encabezada por el cardenal Sean O’Malley, la comisión está integrada por expertos religiosos y laicos en áreas como psicología, derecho y Derechos Humanos, quienes han constatado que una de las mayores demandas de las víctimas es el derecho a conocer la verdad, incluyendo detalles. sobre las circunstancias y responsabilidades de sus agresores. El informe sugiere crear un defensor del pueblo para brindarles información completa, así como establecer una definición más uniforme de la «vulnerabilidad» basada en testimonios de las víctimas. Además, el texto propone que la Iglesia considere medidas que garanticen la transparencia en los casos de abuso y que las víctimas puedan estar seguras de no encontrarse.
El informe también hace énfasis en la necesidad de destituir de forma ágil a los sacerdotes acusados de abuso cuando la evidencia lo justifica, sin especificar si esto debería suceder ante sospechas iniciales o únicamente tras un juicio civil o canónico. La comisión reconoce que, en algunas regiones, como África, la «cultura de la protección» es todavía un concepto emergente y requiere más sensibilización y formación; Mientras que en otros lugares, como México, las barreras culturales dificultan que las víctimas denuncian, lo cual afecta el acceso a la justicia.
Aunque el papa Francisco ha implementado varias medidas para combatir el abuso en la Iglesia, como la eliminación del secreto pontificio y la obligación de reportar cualquier sospecha, las asociaciones de víctimas consideran que aún son insuficientes. Según la ONG estadounidense Bishop Accountability, es crucial implementar una «tolerancia cero» global que incluya la exclusión definitiva del ministerio para cualquier sacerdote con acusaciones creíbles. También se exige mayor transparencia, como publicar los nombres y detalles de los sacerdotes encontrados culpables. Para muchos activistas, la Iglesia necesita asumir su responsabilidad difundiendo información y adoptando políticas claras y efectivas en la protección.
