El Departamento de Defensa establece una nueva zona de defensa nacional en el área de El Paso, Texas, como parte de los esfuerzos para frenar la migración
El PASO, TX.- El Pentágono ha creado una segunda zona de defensa nacional en el área de El Paso como parte de los esfuerzos de la administración Trump para reforzar la seguridad en la frontera sur de Estados Unidos.
Esta medida, anunciada por el Comando Norte del Ejército, se enmarca en un plan más amplio de apoyo militar a las agencias civiles de inmigración, a pesar de que los cruces irregulares se encuentran en niveles históricamente bajos.
La nueva zona estará integrada a la base militar de Fort Bliss y se extenderá aproximadamente 53 millas hacia el este, alcanzando la comunidad fronteriza de Fort Hancock, según confirmó el mayor Geoffrey Carmichael, portavoz de la Fuerza de Tarea Conjunta – Frontera Sur.
La primera zona militar fue establecida el mes pasado en una franja de terreno de 18 metros de ancho en la frontera entre Nuevo México y México.
El general Gregory Guillot, comandante del Mando Norte de EE.UU., aseguró que esta expansión mejorará la capacidad de respuesta ante actividades ilegales en la región.
“El establecimiento de una segunda Zona de Defensa Nacional aumenta nuestro alcance operativo y nuestra eficacia para impedir las actividades ilegales a lo largo de la frontera sur”, declaró en un comunicado oficial.
No obstante, la presencia militar en funciones de apoyo a la patrulla fronteriza ha generado controversia jurídica. Geoffrey S. Corn, exteniente coronel del Ejército y director del Centro de Derecho y Política Militar en la Universidad Tecnológica de Texas, explicó que la Ley Posse Comitatus prohíbe que el Ejército participe directamente en tareas civiles de aplicación de la ley.
Sin embargo, la administración Trump ha recurrido a la “doctrina del propósito militar” para justificar la intervención sin necesidad de aprobación legislativa.
Corn advirtió que este tipo de despliegues refuerza una narrativa de “invasión” que no se corresponde con los datos oficiales.
De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional, en marzo de 2025 se encontraron 1.627 migrantes en el sector de El Paso, cifra que representa un descenso del 87% respecto a agosto de 2024.
La tendencia a la baja se ha mantenido durante varios meses consecutivos, debilitando el argumento de una crisis migratoria fuera de control. Desde la sociedad civil, la medida ha despertado preocupación por su impacto humanitario.
Aimée Santillán, analista del Hope Border Institute, con sede en El Paso, sostuvo que la militarización fronteriza “no sólo representa un paso más en la criminalización de los migrantes que intentan solicitar asilo, sino que también puede disuadir y dificultar las labores de asistencia humanitaria en el terreno”.
El Instituto ha documentado casos de voluntarios acosados o intimidados por personal de seguridad. El aumento de muertes en la frontera refuerza estas preocupaciones.
Datos de No Más Muertes, organización con base en Tucson, Arizona, revelan que al menos 176 migrantes murieron en el sector de El Paso en 2024, en comparación con una sola muerte registrada en 2014.
Estas cifras reflejan una tendencia alarmante, que, según defensores de derechos humanos, se agrava con políticas que priorizan el enfoque militar sobre soluciones humanitarias.
