El pleno de la Cámara de Diputados ha aprobado, con una amplia mayoría de 419 votos a favor, cero en contra y 23 abstenciones, la modificación del Código Penal Federal y de la Ley de Armas de Fuego y Explosivos, estableciendo sanciones para quienes empleen drones en la comisión de delitos.
La propuesta, que busca regular el uso de aeronaves pilotadas a distancia para fines delictivos, ha sido enviada al Senado de la República para su seguimiento legislativo.
Esta reforma prevé penas de prisión que oscilan entre cinco y 40 años para quienes utilicen drones para arrojar objetos o artefactos explosivos con la intención de causar daño a personas o propiedades.
Asimismo, se establece una pena de cinco a 10 años de prisión para aquellos que importen, fabriquen, armen, adquieran o adapten drones para el transporte de materiales regulados, como explosivos, armas, narcóticos o drogas sintéticas, según lo dispuesto en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.
Otra disposición contempla penas de tres a 10 años de cárcel para quienes empleen drones equipados con dispositivos de grabación para vigilar a servidores públicos, con la finalidad de conocer o reportar su ubicación para evadir su acción o perpetrar agresiones.
La diputada Rosangela Amairany Peña, de Morena, destacó que los drones han sido empleados por el crimen organizado para tareas de vigilancia, tráfico de drogas y ataques con explosivos. Según los registros de las Fuerzas Armadas, se han llevado a cabo más de 600 ataques con drones equipados con explosivos en México, especialmente en los estados de Guerrero, Michoacán y Tamaulipas.
Por otro lado, el diputado Braulio López Ochoa, de Movimiento Ciudadano, expresó su desacuerdo con esta reforma, argumentando que no aborda de manera adecuada la problemática delictiva y podría abrir la puerta a la criminalización del periodismo. También señaló que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha invalidado tipos penales similares en el pasado. Propuso en su lugar una mayor regulación y asignación de presupuestos para el seguimiento de este tipo de conductas que podrían derivar en delitos.
