CDMX. – En un contexto de bajo crecimiento económico y fuertes presiones sobre las finanzas públicas, la presidenta Claudia Sheinbaum ha optado por sacrificar el gasto en salud, seguridad e inversión para mantener los programas sociales que más réditos políticos y electorales les han dado a los gobiernos de la 4T: las pensiones para adultos mayores, mujeres y personas con discapacidad.
De acuerdo con el estudio “Las finanzas públicas de 2025: balance del primer año del sexenio” de México Evalúa, ese año el gobierno mexicano destinó el 9.9% de sus ingresos tributarios únicamente al pago de pensiones asistenciales, casi el triple del porcentaje de 2019.
Y esto ocurrió en un año en el que la economía mexicana registró un crecimiento marginal (apenas 0.8%), mientras que las transferencias a Pemex llegaron a un monto histórico (156 mil millones de pesos) y el déficit fiscal cerró en 4.8% del Producto Interno Bruto (PIB), un punto arriba de la meta.
El mayor déficit observado en 2025 no sólo incrementó las necesidades de financiamiento del gasto público, sino que elevó el costo de la deuda acumulada, ya que el pago de intereses y el servicio de la deuda pública llegó a 1.31 billones de pesos, 9.8% más que en 2024 y el monto más alto registrado desde 1993.
Por cada peso cobrado en impuestos, se dedicaron 24 centavos a ese rubro. El trabajo de México Evalúa indica que todo esto hizo que al gobierno de Sheinbaum le resultara “inevitable” hacer un ajuste presupuestal, y éste se resintió especialmente en la inversión pública, que sufrió una drástica caída del 28.4% en 2025 con relación al año previo y se ubicó en su nivel más bajo en casi dos décadas.
“Recortar la inversión debilita el desarrollo del país, por lo que habrá consecuencias a largo plazo”, sostiene el estudio.
Agrega que, a través de infraestructura en salud, educación, electricidad y agua, entre otros, la inversión pública impulsa el bienestar social inmediato y funciona como palanca del crecimiento económico e incentiva la inversión privada.
“Cuando el Estado reduce su inversión y utiliza la deuda principalmente para cubrir presiones corrientes –indica la investigación– envía señales de menor dinamismo y previsibilidad, lo que puede desincentivar proyectos privados complementarios. En un contexto de bajo crecimiento, esta dinámica erosiona la base productiva que sostiene la recaudación, limita el potencial de expansión económica y tensiona la sostenibilidad fiscal en el mediano y largo plazo”.
