Autonomía e independencia, no es impunidad, ni patente de corso. El fallo de la Suprema Corte sobre el caso del gobernador de Tamaulipas, no fue un triunfo de la impunidad, como se encargaron de propagar los jilgueros del régimen estatal que ya se va, hablando de “exhoneración”.
No estaba a juicio si FRANCISCO JAVIER “N”, compró, vendió, simuló y con dinero de quién o para quién, a cambio de qué, el departamento de más de 40 millones de pesos en la zona de Santa Fé, en la ciudad de México.
Ló único que determinaron los Magistrados, es que la investidura institucional tiene fuero y por ende, la órden de aprehension, expedida por el juez que ya encontró culpa en los primeros delitos que se le imputaron, deberá esperar un mes y medio más, a que termine el sexenio.
También le quedó grande el festejo al diputado que usurpa la Presidencia del Congreso Local, FELIX FERNANDO GARCÍA AGUIAR, porque la sentencia establece que la controversia promovida por ese poder local, carecía de fundamento.
Lo que ellos atacaban, era la declaración de procedencia, dictada por la Cámara de Diputados –federal-, pero nó, dijeron los togados, esa fue legal y valedera, “pero insuficiente”.
Como quiera, los operadores del panismo celebraron “el triunfo de la soberanía estatal”, con un dictámen que desde hace mucho conocían, y el día de la víspera, se fueron a confirmar con el Presidente de la Suprema Corte, maletín en mano.
El MOYO GARCÍA AGUIAR, se hizo acompañar de la última presidenta de la mesa de los trabajos, IMELDA SANMIGUEL y el nuevo abonado del presupuesto de los tamaulipecos: el coordinador azul en el senado, JULEN REMENTERÍA.
(Lo que faltaba; luego de un candidato Truco, un dirigente Cachorro y un Abogado Baños, un defensor “oficioso” que viene a confirmar las praxis de aquellos: Rementir) De los corrillos del panismo se deja correr la version de que cada día en libertad, con el poder corruptor cabeciano asaltando la maxima tribuna judicial del país, costó más de 15 millones, con los 800 que habría repartido en la Suprema.
Como en el caso de las demandas por la alteración en la integración del Congreso Local, lo del fuero y la orden de aprehensión ni se debatió, se metió en paquete con otros casos menores y se votó sin mayor acotación, dando pie a animar aquellas afirmaciones.
Como quiera, si ya aguantamos 5 años y 10 meses y medio, 45 días de espera no alterará a los tamaulipecos.
El menos de mes y medio de “libertad” que “ganó” aquel, son los mismos que tienen la Fiscalía General de la República, la Auditoria Superior de la Federación, la Unidad de Inteligencia Financiera y demás autoridades libres y honestas, para actuar en consecuencia.
Por supuesto, la compra-venta del departamento, con todas las ramificaciones constitutivas de delito, no llega a punta de iceberg, en el mar de sospechas sobre actos reñidos con la ley cometidos desde el gobierno de Tamaulipas, en el sexenio que se acaba.
Y los delitos dentro del oficio gubernamental propiamente dicho, de corte patrimonial, siguen siendo pocos, frente a los otros apartados por donde igual, el vox populi ha señalado entuertos.
“Donde le rasquen, brota pus”, se dice.
La tierra y sus construcciones ahí se quedan; el ganado de fierros ajenos que el día del desafuero sacó de Soto la Marina y se llevó a Aldama, tampoco puede esfumar –por más que lleven al rastro-, igual que los costales de billetes del disimulo, ni sepultándolos.
A partir del primero de octubre, solo hay dos opciones; la cárcel o la huida y hasta en eso, hay infidencias que lo hacen comprando refugios en Canadá e Israel, hacia donde se estarían tranfiriendo “activos”.
Ya falta menos. Atras de los CDV, transitan camino del patíbulo los cómplices, que firmaron las salidas y abrieron los cofres públicos, del gobierno y los fideicomisos, saqueados por la familia y cuyas rutas de los capitales, también están precisamente ubicadas.
Son muchos quienes, atendiendo las ofertas del “criterio de oportunidad”, para que demuestren que solo obedecieron órdenes, están dando parte de los actos reñidos con la ley de que formaron parte, para el beneficio personal “del jefe” y los suyos.
No una; muchas órdenes de aprehensión esperan impacientes el primero de octubre.
