Los 9 ministros deciden renunciar a los Jeep de lujo y proponen ponerlos a disposición de jueces que enfrentan mayores riesgos.
Ciudad de México.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) anunció este domingo que no usará las 9 camionetas recientemente adquiridas, tras la polémica generada por su costo y el contraste con los llamados a la austeridad.
En un mensaje en redes, el alto tribunal informó que los nueve ministros que lo integran decidieron renunciar a los vehículos y solicitarán “que se inicie el proceso correspondiente para la devolución” de los mismos.
“O, en su caso, ponerlos a disposición de personas juzgadoras que enfrentan mayores riesgos, siempre con apego a la normatividad aplicable”, indicaron.
Los integrantes de la Corte reiteraron su “compromiso con el uso eficiente y responsable de los recursos del pueblo, así como el trabajo permanente para lograr una justicia real y verdadera”, y anunciaron una conferencia de prensa el lunes a las 8:30 hora local para dar más detalles.
El anuncio de la SCJN ocurre tras la polémica generada por la compra de camionetas de la marca Jeep para los nuevos integrantes del máximo tribunal elegidos por el voto popular en junio de 2025, cada una valuada en 1.7 millones de pesos, sin considerar medidas de protección como blindaje.
La presidenta Claudia Sheinbaum justificó el viernes que la adquisición de camionetas “de seguridad” significó un ahorro superior a mil millones de pesos.
La mandataria mexicana aseguró que la adquisición tuvo que ver con el cambio de un contrato de renta por la compra de unidades, lo que generó el “ahorro”.
“Pregunté el día de ayer cuando vi la nota. La Secretaría de Gobernación hizo una consulta…nos dieron una nota informativa de que había un contrato de renta de vehículos y decidieron sustituirlo por la compra y ahorraron más de mil millones de pesos en este proceso”.
La Corte argumentó entonces que la decisión se sustentó en opiniones técnicas de autoridades federales, que concluyeron que las unidades en uso ya no cumplían con estándares adecuados de seguridad, y sostuvo que la compra respondió a criterios de prevención y seguridad institucional, y no a “consideraciones discrecionales”.
También afirmó que la renovación se realizó con apego a una normativa interna vigente emitida en 2019, que establece la sustitución periódica de este tipo de vehículos —cada cuatro años o antes si las condiciones no son seguras— y que el proceso se efectuó en paralelo a la reducción general del parque vehicular, para no generar un gasto adicional.
El senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña, también respaldó a la Suprema Corte en la compra de las camionetas, y aseguró que no se trata de un lujo, sino de una herramienta de trabajo que deben tener ciertos funcionarios.
“Ni modo que se vayan a pie, en Metro, que pidan avión o que usen su vehículo”, argumentó Noroña.
La polémica compra de camionetas de lujo de la Suprema Corte, justificada como una forma de garantizar “las condiciones adecuadas de seguridad y protección de la integridad personal de los ministros”, provocó opiniones divididas en Morena, y hubo quienes criticaron la renovación de la flotilla.
El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, por ejemplo, mencionó que la compra de camionetas contradice los principios de la Cuarta Transformación.
Las camionetas fueron emplacadas en Morelos, lo que les permitiría evitar el pago de la tenencia anual que se cobra en la Ciudad de México.
Entre 2022 y 2025, la SCJN, el TEPJF y el entonces Consejo de la Judicatura Federal operaron bajo un esquema de arrendamiento de 445 vehículos que habría implicado un gasto de 366.2 millones de pesos anuales en esta nueva etapa.
En el último trimestre de 2025 se aprobó una inversión de 252 millones de pesos para adquirir 571 vehículos, equivalente al 68.8% del costo de un solo año de arrendamiento, con un ahorro estimado de mil 98 millones de pesos entre 2026 y 2028.
La renovación incluye 124 unidades híbridas o eléctricas, con una reducción de hasta 30% en combustible y 70% en mantenimiento, además de atender incidentes de seguridad detectados en la SCJN y permitir la eventual enajenación de los vehículos a valor de mercado.
