El oficializar el gobierno de Laredo que construirán el Puente Internacional 4-5 deja inconformidades, malestares y dudas razonables de su autoridad para el proyecto.
Las reuniones privadas del gobierno de Laredo, el alcalde y el Gobernador de Tamaulipas Francisco García Cabeza de Vaca no han llegado a un punto razonable.
El cabildo dejó fuera de las negociaciones al alcalde Pete Sáenz, nombrando de interlocutor del gobierno al regente Robert Eads.
El juez del Condado de Webb Tano Tijerina dijo: “Yo no tengo nada que decir. Que lo digan ellos, porque están adjudicándose una territorialidad que no les corresponde”.
Explicó que no iba a permitir que el gobierno de Laredo se adjudicará el área de presunta construcción del Puente Internacional 4-5.
“Se trata del condado de Webb y desde hace años hemos cuidado esa parte”, dijo el Juez Tijerina.
En una declaración que hizo el regidor Alberto Torres indicó que el alcalde Sáenz, García Cabeza de Vaca y otros funcionarios se reunieron privadamente.
“Con qué autoridad mencionan el territorio en sur Laredo que es jurisdicción del Condado de Webb”, dijo el regidor Torres.
“Cada cinco años, a través de los 20 que se ha ventilado el proyecto, se estanca por alguna razón”.
Torres atribuyó al alcalde Pete Sáenz promover este proyecto cuando aún no se han dado los tiempos y ni las razones para anexar el territorio donde se cree podría construirse el cruce internacional.
Sin embargo, el propietario de los terrenos del lado mexicano Glafiro Montemayor se ha tropezado con una diversidad de contratiempos, aunque su proyecto exhibido en pasados años mostraba una significante modernidad, siendo posible que aún esté vigente o modernizado.
En el lado americano, por el sector de Río Bravo y El Cenizo dentro del Condado de Webb, los terrenos estarían en condiciones de construir el puente.
Sin embargo, el Departamento de Transportación de Texas ha realizado una proyección de un anillo periférico que enlazará a los puentes y carreteras.
El problema es que TexDOT no tiene presupuesto ya que se habla de algo así como $300 millones, así como los propietarios de las tierras podrían o no estar en condiciones de cederlas.
