Una nueva propuesta legislativa de Estados Unidos ha encendido el debate bilateral tras plantear que dependencias estadounidenses evalúen directamente a sus contrapartes mexicanas como parte de una estrategia para reforzar la cooperación en materia de narcotráfico. La iniciativa, presentada por los senadores Mark Kelly, demócrata de Arizona, y John Cornyn, republicano de Texas, fue bautizada como la “Ley de mejoramiento de la lucha contra el narcotráfico” y ya circula en comisiones de la Cámara de Representantes para su análisis y posible votación.
El objetivo principal es que cada agencia estadounidense, especialmente las ligadas a la comunidad de inteligencia, realice un diagnóstico minucioso sobre la relación y el nivel de riesgo de contrainteligencia de cada vínculo operativo que mantenga con instituciones mexicanas. De acuerdo con Kelly, se trata de aprovechar al máximo la colaboración bilateral para frenar la actividad de los cárteles que, dijo, “actúan como asesinos silenciosos que afectan a comunidades de ambos lados de la frontera”.
La iniciativa prevé que la directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, reciba un desglose detallado de recursos humanos y logísticos empleados tanto por agencias estadounidenses como por sus contrapartes mexicanas. Con esta información, Gabbard deberá diseñar un plan integral de acción para fortalecer las tareas conjuntas de vigilancia, intercambio de información y operaciones específicas.
Cornyn, por su parte, enfatizó la importancia de que republicanos y demócratas se unan para blindar las calles estadounidenses de la amenaza del narcotráfico, al tiempo que exigen mayor responsabilidad y eficiencia a las instituciones mexicanas. “Para ganar la lucha contra el narcotráfico, Estados Unidos y México deben colaborar de manera frontal contra los cárteles”, sostuvo Kelly en un comunicado.
Aunque aún está en fase de revisión, la propuesta podría tensar la relación entre ambos países, pues implica someter a evaluación directa áreas sensibles del gobierno mexicano. De aprobarse, marcaría un paso inédito en la supervisión binacional de operaciones antidrogas, con Washington auditando de forma oficial a instituciones mexicanas para garantizar resultados más contundentes frente al tráfico de estupefacientes y el crimen organizado.
