El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ofreció recibir en sus cárceles a criminales deportados desde Estados Unidos, incluidos aquellos con ciudadanía estadounidense y residencia legal, según informó el secretario de Estado, Marco Rubio. Esta decisión, calificada como un «extraordinario gesto de amistad», carece de precedentes en la historia reciente y ha generado un intenso debate sobre sus implicaciones legales y diplomáticas.
Rubio destacó que el traslado de prisioneros se enfocaría en miembros de pandillas como la MS-13 y el Tren de Aragua, grupos criminales que han expandido su influencia en EE.UU. y otras regiones. El secretario de Estado subrayó que cualquier inmigrante ilegal que sea considerado un criminal peligroso podría ser enviado a cárceles salvadoreñas, lo que representa una estrategia más agresiva en el combate contra el crimen organizado transnacional.
El Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), la prisión más grande de América Latina, será el principal destino de estos reos. Esta instalación, ubicada en Tecoluca y con capacidad para 40,000 internos, alberga actualmente a 15,000 pandilleros de la MS-13 y Barrio 18. La política de seguridad de Bukele ha reducido drásticamente la tasa de homicidios en el país, aunque organizaciones de derechos humanos han denunciado abusos y violaciones en el proceso.
El acuerdo entre Bukele y la administración de Donald Trump refuerza la cooperación bilateral en seguridad, pero plantea dudas sobre el tratamiento que recibirán los prisioneros estadounidenses en cárceles extranjeras. Mientras EE.UU. celebra esta medida como una solución a su crisis penitenciaria, expertos advierten sobre sus posibles repercusiones legales y humanitarias.
