En los primeros 15 días del año 2024, México ha sido testigo de al menos cuatro casos de violencia dirigida contra la comunidad LGBTQ, subrayando una creciente preocupación por la seguridad de las personas de esta comunidad en el país. El caso más reciente es el asesinato de Samantha Fonseca, activista trans y defensora de los derechos humanos, quien fue atacada a tiros en Ciudad de México tras salir del Reclusorio Preventivo Varonil Sur.
La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ha iniciado una investigación bajo el protocolo de feminicidio, y los hechos han sido notificados al Ministerio Público de la Unidad de Investigación del Delito de Transfeminicidio. Fonseca, de 37 años y aspirante al Senado de México, se suma a la lista de víctimas de violencia contra la comunidad LGBTQ en el país.
La organización Yaaj México ha condenado el asesinato de Fonseca, destacando que su caso no es simplemente una estadística más de violencia contra mujeres trans, sino un ataque significativo contra personas LGBTQ que buscan liderar cambios políticos en México. Horas antes de su muerte, Fonseca había convocado a una movilización por la dignidad de las mujeres trans en la capital mexicana.
Estos incidentes no son casos aislados. El 11 de enero, la activista por los derechos humanos Miriam Ríos Ríos fue asesinada en Jacona, Michoacán. Otro caso relevante fue el de la influencer Paola Suárez, quien denunció haber sido agredida por su pareja en Guanajuato. Además, la activista Nicté Chávez fue víctima de un ataque transfóbico en Coacalco, Estado de México.
Las manifestaciones en repudio a estos crímenes han tenido lugar en varias partes del país, destacando la indignación y la urgencia de abordar la violencia contra la comunidad LGBTQ. Datos de organizaciones como Letra S y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos evidencian un aumento preocupante en la violencia contra personas LGBTQ en México durante los últimos años.
La situación refleja la necesidad imperante de medidas efectivas para prevenir y abordar la violencia motivada por la orientación sexual o identidad de género en el país. La sociedad civil, activistas y autoridades deben trabajar conjuntamente para crear un entorno seguro y respetuoso para todas las personas, independientemente de su orientación sexual o identidad de género.
