En un giro polémico, AstraZeneca ha reconocido públicamente en un tribunal que su vacuna contra el COVID-19 podría tener un efecto secundario extremadamente raro pero potencialmente mortal: la coagulación sanguínea. Esta revelación surge como respuesta a una demanda colectiva presentada por varias familias que alegan lesiones graves o fallecimientos debido a la supuesta “defectuosa” vacuna.
Aunque la farmacéutica ha impugnado estas acusaciones, en un documento legal presentado ante el Tribunal Superior, admitió por primera vez que su vacuna podría desencadenar el síndrome de trombosis con trombocitopenia (TTS), una condición médica poco común pero grave en la que se forman coágulos sanguíneos junto con un recuento bajo de plaquetas.
Esta admisión legal podría abrir la puerta a indemnizaciones significativas para las víctimas y sus familias. El caso emblemático es el de Jamie Scott, padre de dos hijos, quien sufrió una lesión cerebral permanente después de recibir la vacuna de AstraZeneca.
En el Reino Unido, se han presentado un total de 51 casos, con las víctimas y familiares buscando compensaciones por más de 125 millones de dólares. En un acuerdo con el gobierno británico durante la pandemia de COVID-19, AstraZeneca será respaldada financieramente por el estado en caso de perder en los tribunales, lo que significa que los contribuyentes podrían terminar financiando las indemnizaciones.
Estos eventos marcan un hito en la historia de la vacunación contra el COVID-19, ya que, aunque el síndrome de trombosis con trombocitopenia se conocía como un efecto secundario potencial, es la primera vez que AstraZeneca lo reconoce oficialmente ante un tribunal.
Este reconocimiento también reaviva preocupaciones previas sobre la seguridad de la vacuna, especialmente después de casos trágicos como la muerte de una joven de 18 años en Italia luego de recibir la vacuna.
