La alcaldesa Carmen Lilia Canturosas Villarreal mencionó que la presente acción legislativa, generará un aliciente para todas aquellas personas que se postulen u ocupen esos cargos, empleos o comisiones.
El cabildo de Nuevo Laredo aprobó por unanimidad un decreto mediante el cual se pretende que toda persona que se postule o acceda a un cargo, empleo o comisión público, cuente con un perfil orientado a respetar la vida, la salud, la libertad, la seguridad y el normal desarrollo sexual.
La alcaldesa Carmen Lilia Canturosas Villarreal mencionó que la presente acción legislativa, generará un aliciente para todas aquellas personas que se postulen u ocupen esos cargos, empleos o comisiones.
“Queremos que la población tenga la seguridad que al elegir a quienes gobernarán su municipio sean las personas correctas por el bienestar de la población”, señaló Canturosas.
El decreto fue adicionado al párrafo segundo del artículo 159 de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas en la que también se establece que ningún ciudadano podrá desempeñar dos cargos de elección popular en el estado o municipio, y deberá elegir uno, una vez hecha la elección, perderá el derecho de trabajar en el otro.
Tampoco podrán registrarse para ocupar un cargo de elección popular el o la ciudadana que haya obtenido sentencia firme, en la que se determine la plena responsabilidad penal y se le condene por delitos cometidos en razón de género, sexuales o violencia política hasta en tanto se dé cumplimiento a la misma, o en su caso, se encuentre inscrita como persona deudora alimentaria.
“Nos sumamos a esta iniciativa porque con esto estamos garantizando que los ciudadanos tengan funcionarios públicos que estén a la altura de lo que exige un puesto de elección popular”, reiteró la alcaldesa.
Además ningún ciudadano podrá desempeñar dos cargos de elección popular en el Estado o Municipio al mismo tiempo.
Las reformas o adiciones a la Constitución del Estado, después de ser aprobada por dos terceras partes de los miembros del Congreso, es enviada a los ayuntamientos, los cuales en el término de 30 días, deberán notificar si aprueban o no la citada iniciativa y de obtenerse la mayoría de votos de los ayuntamientos, ésta se declarará parte de la Constitución.
