El pasado 4 de septiembre de 2024, la Cámara de Diputados de México dio un paso significativo al aprobar en lo general la reforma al Poder Judicial, una de las más controvertidas del sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Con 359 votos a favor, 135 en contra y sin abstenciones, la votación se realizó en una sede alterna debido a los bloqueos por parte de trabajadores judiciales en las instalaciones habituales del Congreso.
Esta reforma, parte de un amplio paquete de 20 modificaciones constitucionales presentadas en febrero por el presidente López Obrador, busca transformar radicalmente el funcionamiento del sistema judicial mexicano. Entre las modificaciones más destacadas se encuentra la elección popular de jueces y magistrados, una propuesta que alteraría el artículo 95 de la Constitución para permitir que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la Sala Superior y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) sean elegidos por voto libre, directo y secreto por un período de 12 años, en lugar de los 15 años actuales.
Otro cambio significativo es la reducción del número de ministros de la SCJN de 11 a 9, con una presidencia que se renovará cada dos años de manera rotatoria. Además, se propone la sustitución del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) por dos nuevas instituciones: el Tribunal de Disciplina Judicial, encargado de la administración interna y el control de los jueces, y el Órgano de Administración Judicial, compuesto por cinco miembros con mandatos de seis años.
El debate sobre esta reforma ha sido intenso, con fuertes críticas de la oposición y una suspensión de actividades por parte de trabajadores y jueces del Poder Judicial. A pesar de una suspensión provisional ordenada por una jueza federal, la discusión sobre los detalles de la reforma continúa en la Cámara de Diputados, marcando un momento crucial en la reconfiguración del sistema judicial en México.
