En Texas, dos condenados a muerte reclamaron semanas antes de su ejecución que la inyección letal que recibirían podía contener un fármaco vencido potencialmente causante de sufrimiento innecesario, algo prohibido por la ley en Estados Unidos.
Los reos John Balentine y Wesley Ruiz pidieron ante un tribunal a fines de 2022 que «prohíba» al Departamento de Justicia Criminal de Texas (TDCJ, en inglés), en el sur de Estados Unidos, el uso de «sustancias vencidas» en las ejecuciones.
Según la información a la que accedieron, el TDCJ tiene un stock de pentobarbital -sustancia que Texas usa en las inyecciones letales- «caducado hace mucho tiempo».
«Dada la antigüedad de los medicamentos (…) el pentobarbital que pretenden usar (…) actuará imprevisiblemente, obstruyendo las vías intravenosas durante la ejecución y causando dolor innecesario», decía el documento con sus argumentos.
Pero el TDCJ aseguró en una declaración que todo está en orden. «Los medicamentos para las inyecciones letales están dentro de sus fechas de uso y han sido debidamente probados».
En 27 de los 50 estados del país, entre ellos Texas, la pena de muerte es legal. Desde 1982, cuando se empezó a usar la inyección letal en el país, en Texas se han ejecutado a 581 personas, más de un tercio del total nacional.
Afirman que es «castigo cruel»
Ruiz fue condenado por matar a un policía en 2007 y Balentine por un triple asesinato en 1998. Ambos habían denunciado además racismo en sus respectivos juicios.
En sus declaraciones dijeron que, con sustancias vencidas, su ejecución «violaría su derecho a no ser sometido a un castigo cruel».
