Cinco meses después de que el presidente Joe Biden ordenara a los secretarios de Seguridad Nacional (DHS) y de Justicia (DOJ) que revisen los mecanismos para “garantizar” que los refugiados y solicitantes de asilo centroamericanos tengan acceso a vías legales, la Casa Blanca anunció que se prepara para publicar un nuevo reglamento en el Registro Federal.
El viernes la Oficina de Gestión y Presupuesto de la Casa Blanca publicó un anuncio en el que anticipa que pronto solicitará comentarios del público sobre las nuevas reglas que normarán el sistema de asilo.
“Procedimientos para la detección de miedo creíble y la consideración de asilo, retención de deportación y reclamos de protección de gatos por parte de oficiales de asilo”, se lee en la nota.
La norma revertirá las prohibiciones decretadas durante el gobierno de Donald Trump que formaron parte de la política migratoria de ‘tolerancia cero’, enfocadas en detener la inmigración indocumentada y afectar la inmigración legal, entre ellos el asilo, un recurso legal disponible.
En abril la Casa Blanca dijo que estaba considerando una revisión del sistema de asilo en la frontera con México como parte de las medidas para resolver la crisis y, al mismo tiempo, descongestionar la Corte de Inmigración (EOIR), que tiene acumulados más de 1.3 millones de casos.
El primer anuncio
La reversión de las normas aprobadas por el gobierno anterior, más de 400 según el Instituto de Políticas Migratorias (MPI, por sus siglas en inglés), fueron ordenadas por el presidente Joe Biden el 20 de enero, tras la firma de una orden ejecutiva que puso fin al decreto 13768 del 25 de enero de 2017 que criminalizó la estadía indocumentada y estableció nuevas y severas prioridades de deportación.
El decreto de Biden también dejó sin efecto las denominadas ciudades santuario y ordenó la revisión de cualquier acción que hubiese afectado el debido proceso migratorio.
Biden precisó en esa ocasión que los inmigrantes “han ayudado a fortalecer las familias, las comunidades, las empresas, la fuerza laboral y la economía de Estados Unidos, infundiendo al país creatividad, energía e ingenio”.
La orden añadió que “la tarea de hacer cumplir las leyes de inmigración es compleja y requiere establecer prioridades para servir mejor al interés nacional”. Indica además que la política del gobierno “es proteger la seguridad nacional y fronteriza, abordar los desafíos humanitarios en la frontera sur y garantizar la salud y la seguridad públicas”.
