La directora del Instituto de Defensoría Pública del Estado asumirá su cargo en el Poder Judicial Federal, consolidando su trayectoria en la defensa de los más vulnerables
Ciudad Victoria, Tamps.- Con el respaldo institucional del Instituto Nacional Electoral (INE) y tras la resolución favorable de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Mariela Estefanía Zurita Lugo recibió la constancia que la acredita oficialmente como magistrada de circuito en Tamaulipas, cargo que asumirá en el marco de la histórica elección judicial federal de 2025.
La abogada victorense, hasta ahora directora general del Instituto de Defensoría Pública en el estado, obtuvo el documento que la avala como nueva magistrada de circuito luego de que el Tribunal Electoral ordenó al INE entregárselo y confirmara así su triunfo en las urnas.
Durante su campaña, Zurita recorrió los 22 municipios del Distrito Judicial Uno, presentando propuestas enfocadas en tres ejes: capacitación constante del personal judicial, agilización de tiempos de resolución para abatir el rezago y transparencia con oficinas de puertas abiertas.
Su discurso, anclado en la cercanía ciudadana, resonó en un proceso que por primera vez permitió a los mexicanos elegir mediante voto popular a jueces y magistrados federales.
“Este es un paso histórico no sólo para mi carrera, sino para la justicia en Tamaulipas y para México. Mi compromiso es con los más vulnerables y con un Poder Judicial más humano y cercano a la gente”, expresó Zurita Lugo en un mensaje difundido en sus redes sociales tras recibir la constancia.
El arribo de la nueva magistrada se interpreta como un triunfo político-judicial para Tamaulipas, pues la entidad consolida representación en la estructura del Poder Judicial Federal en un momento crucial para la democracia en México.
Las elecciones judiciales de 2025 marcaron un precedente histórico en el país al abrir, por primera vez, a voto ciudadano la integración de magistrados y jueces federales.
En Tamaulipas, el proceso estuvo acompañado de una participación limitada —apenas superior al 13 por ciento—, pero con fuerte simbolismo democrático al colocar en manos de la sociedad la definición de los futuros impartidores de justicia.
