JOSÉ INÉS FIGUEROA VITELA
Ahora, al revisar los estados de la deuda pública estatal, pareciera como que en este gobierno se trabaron los mayores compromisos con los bancos y en el pasado, el tema fue cosa menor.
La explicación está en el hecho de que el año antepasado, la administración del doctor AMÉRICO VILLARREAL ANAYA, renegoció 13 mil millones de pesos de deuda heredada.
Eso dejó de aparecer en los récords públicos como deudas de pasados sexenios. Se trataba de obtener las mejores negociaciones, con las tasas más blandas y las condiciones más óptimas para enfrentar los compromisos hechos en el pasado, que hipotecaron el futuro.
Incluída la propia renegociación que seis años atrás hizo el propio CABEZA DE VACA, y los contratos que en su tiempo hicieron de nueva deuda en medio de la opacidad, proclamando beneficios que nadie vió, recibió, ni avaló, fuera de su círculo de complicidades.
Ciertamente, en los últimos meses del sexenio panista, se cancelaron una serie de 12 créditos que se habían contratado el año anterior, por 2 mil 650 millones de pesos, dejando sospechas que hasta ahora no han sido aclaradas.
Pero con todo y eso, el gobierno panista está entre los que más ha endeudado al Estado, sin haber dejado obra o acción que le justificara.
En realidad, en el actual gobierno, solo a inicios de sexenio se contrató un financiamiento puente, a corto plazo, por el orden de los mil millones de pesos, que se pagó de manera anticipada, Fue para darle liquidez a la administración pública, por el ahorcamiento y trampas dejadas por la anterior administración, incluido el cobro de los empréstitos que ellos “se gastaron” y no amortizaron en su tiempo.
Los pan-cabecistas dejaron una deuda en bancos de 15 mil millones de pesos, pero además, cuentas por pagar a los proveedores por el orden de los 6 mil millones de pesos, dificultando el arranque del nuevo gobierno, en el 2 mil 22.
Hoy, a la mitad de este sexenio, apenas se está autorizando la contratación de un financiamiento, que no representa deuda pública, porque en su formato se trata de la ruta bursátil.
Buscando las mejores tasas del mercado, operando adelantos de participaciones que servirán para financiar obras de infraestructura que mucho abonarán al bienestar de los tamaulipecos.
Y todo se da en medio de un manejo responsable y transparente, repasó ayer el Gobernador AMÉRICO, disipando las rumores que desde las minorías opositoras se dejaron correr.
Los polvos de aquellos lodos sigue haciendo alarde de un enorme cinismo, inversamente proporcional a lo corto de su memoria, en la amplitud de sus trapacerías y complicidades.
El Mandatario estatal trató de refilón el tema, al tenor de la presentación y entrega de nombramientos de la nueva Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, en lo que prácticamente se convirtió la Contraloría General del Estado.
Manteniendo la titularidad de ADRIANA PEDRAZA MELO -vale decirlo- y asumiendo las funciones del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información, ITAIT, en el nuevo órgano denominado Transparencia del Pueblo de Tamaulipas.
La renovada estructura pública no solo garantiza el derecho constitucional de acceso a la información pública, sino que además amplía su cobertura y lo simplifica, al tener más entes respondientes y eliminar pasos para satisfacer las inconformidades que pudieran darse.
Ello, sin detrimento que, a diferencia de las instituciones del pasado, las del gobierno de la transformación, se solazan en la transparencia y rendición de cuentas como una vocación intrínseca del Moviminto.
Más que por una consecuencia fatal de un mandato del servicio público. Así han sido las ofertas, convocatorias y decisiones de política emanadas del liderazgo político y administrativo del Estado, desde los tiempos del campañas, en el arranque y hoy que se da la plenitud del ejercicio sexenal. Ya es ley, ya hay estructura, es tiempo de potencializarlo.
