En un giro que redefine el panorama migratorio en California, la jueza federal Maame Ewusi-Mensah Frimpong ordenó este 13 de julio la suspensión inmediata de las redadas que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) realizaba desde junio en diversas comunidades del estado. La decisión responde a una demanda presentada por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) y respaldada por varios gobiernos locales, que argumentaron violaciones claras a los derechos constitucionales de residentes y migrantes.
El fallo establece que ICE no podrá efectuar detenciones sin una sospecha razonable, como lo exige la Cuarta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, y prohíbe explícitamente que se realicen arrestos basados en aspectos como raza, idioma o acento, prácticas que la ACLU denunció como rutinarias. Además, Frimpong ordenó que toda persona detenida en estas operaciones tenga acceso garantizado a representación legal mientras permanezca bajo custodia federal en Los Ángeles.
La jueza también criticó que las redadas se dirigieran a lugares específicos, como paradas de jornaleros, granjas o lavaderos de autos, perpetuando la estigmatización de comunidades migrantes. Desde el 6 de junio, solo el condado de Los Ángeles ha asumido costos extraordinarios de más de 9 millones de dólares, entre horas extras de seguridad y pérdidas fiscales derivadas de estas acciones, una carga que ciudades como Culver City, Santa Mónica y Pasadena calificaron de insostenible y violatoria de la soberanía local.
Mientras la ACLU celebró el fallo como una victoria para los derechos civiles, el fiscal federal Bill Essayli defendió la labor de ICE y aseguró que continuarán aplicando la ley “respetando la Constitución”. Para el abogado de la ACLU, Mohammad Tajsar, esta decisión es contundente: “Sin importar el color de su piel o el idioma que hablen, todas las personas tienen derechos que las protegen de detenciones arbitrarias”.
Este precedente podría impactar futuras prácticas migratorias en otros estados donde ICE realiza operativos similares, poniendo en la mesa el debate sobre el límite entre la seguridad fronteriza y la protección de los derechos individuales.
