El senador colombiano y aspirante presidencial Miguel Uribe Turbay permanece en estado crítico tras ser víctima de un atentado el pasado sábado en Bogotá, ataque que ha encendido las alarmas sobre la seguridad política en Colombia. Según la Fundación Santa Fe, donde se encuentra hospitalizado, Uribe ha tenido una respuesta médica mínima y su pronóstico sigue siendo reservado.
La investigación reveló que la pistola usada en el ataque, una Glock calibre 9 milímetros, fue adquirida legalmente en Arizona, Estados Unidos, en 2020, pero no estaba registrada en Colombia. El atacante, un menor de 15 años, fue capturado en el lugar y enfrenta cargos por tentativa de homicidio y porte ilegal de armas, aunque por su edad sólo podrá permanecer en un centro de rehabilitación hasta por ocho años.
Las autoridades investigan quiénes están detrás del intento de magnicidio, mientras surgen hipótesis que van desde un mensaje dirigido al partido Centro Democrático hasta un intento de desestabilización del gobierno de Gustavo Petro. El presidente denunció que la seguridad de Uribe fue reducida de siete a tres custodios sin justificación poco antes del ataque. El director de la Unidad Nacional de Protección (UNP) confirmó que Uribe contaba con siete escoltas, entre ellos tres civiles y cuatro policías.
No obstante, versiones periodísticas revelan que desde 2023 el senador había solicitado sin éxito una ampliación de su esquema de protección para visitar zonas de alto riesgo, lo que subraya la negligencia institucional en su caso. Paralelamente, el expresidente Álvaro Uribe denunció que agencias extranjeras lo alertaron de un posible atentado contra él, lo que intensificó el clima de tensión política.
El periodista Hugo Armando Vecino destacó que todos los candidatos presidenciales están atemorizados y comparó la situación con la violencia de los años ochenta. Además, cuestionó los mensajes poco empáticos del presidente Petro, los cuales, dijo, generan desconfianza. El atentado ha reavivado los temores sobre el resurgimiento de la violencia política en Colombia y ha dejado en evidencia las fallas estructurales en la protección a figuras públicas, mientras la investigación sigue su curso.
