La Corte Suprema de Estados Unidos autorizó al presidente Donald Trump a revocar temporalmente el estatus legal de 532 mil migrantes provenientes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, quienes habían sido beneficiados con permisos humanitarios bajo la administración de Joe Biden. El fallo suspende una orden previa de un tribunal inferior que impedía eliminar estas protecciones migratorias, mientras el caso continúa en una corte de apelaciones.
Las juezas Sonia Sotomayor y Ketanji Brown Jackson se opusieron al fallo, advirtiendo que esta decisión provocará un sufrimiento humano innecesario antes de que exista una resolución definitiva. Los migrantes afectados formaban parte del programa de libertad condicional humanitaria CHNV, creado por el Departamento de Seguridad Nacional durante el mandato de Biden en 2022 y 2023.
Este programa permitía el ingreso temporal a EE.UU. por hasta dos años, con autorización para trabajar, siempre y cuando tuvieran un patrocinador legal en el país. Al inicio de su segundo mandato, Trump firmó una orden ejecutiva para cancelar todos los programas de parole, incluyendo el CHNV, con fecha de expiración al 24 de abril.
Aunque un juez federal en Massachusetts detuvo parcialmente esta revocación, la administración Trump acudió a la Corte Suprema para restablecer su decisión. La medida forma parte del endurecimiento migratorio promovido por Trump como eje central de su campaña presidencial de 2024. Aunque el fallo actual es provisional, permite que el gobierno avance en la eliminación de protecciones que habían sido consideradas una vía para la migración legal.
Este episodio se suma a otros intentos de Trump por utilizar leyes como la de Enemigos Extranjeros para restringir el ingreso de migrantes, acciones que han intensificado la disputa con el poder judicial federal. El destino de miles de familias ahora depende de un litigio aún en curso, mientras se mantiene el debate sobre la legalidad y la humanidad de estas políticas.
