Proyecto de ley busca instalar los Diez Mandamientos en escuelas; organizaciones civiles y docentes denuncian inconstitucionalidad.
LAREDO, TX.- La Cámara de Representantes de Texas aprobó el pasado sábado un controvertido proyecto de ley que exige la colocación de los Diez Mandamientos en las aulas de las escuelas públicas del estado.
La votación resultó en 82 votos a favor y 46 en contra, reavivando el debate sobre la separación entre iglesia y Estado garantizada por la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos.
El proyecto estipula que los distritos escolares estarán obligados a exhibir los mandamientos bíblicos en un lugar visible del aula.
Asimismo, establece que el Estado asumirá los costos legales en caso de que los distritos enfrenten demandas relacionadas con esta medida.
El sindicato de docentes de Texas expresó su firme oposición a la iniciativa. “Las escuelas públicas no deben convertirse en escuelas dominicales”, afirmó Clay Robison, Miércoles 28 de Mayo de 2025 Laredo Tx. www.forte.news 11A portavoz del sindicato, al diario Texas Tribune.
El gremio considera que la propuesta vulnera los principios constitucionales al promover una religión específica en el ámbito educativo estatal. En Laredo, varios padres de familia manifestaron su preocupación.
Ramón Morante, residente local, comentó: “Nuestra fe cristiana forma parte de nuestra vida familiar, pero creemos que nadie, ni legisladores ni el gobernador, deben imponer prácticas religiosas desde el gobierno. Es un derecho elegir”.
La propuesta de ley deberá regresar al Senado para su aprobación final. En caso de ser ratificada, pasará al gobernador Greg Abbott, quien ha mostrado previamente su respaldo a iniciativas similares.
La Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, adoptada el 15 de diciembre de 1791, establece que el Congreso no podrá hacer ninguna ley que establezca una religión oficial ni que prohíba su libre ejercicio.
Además, protege la libertad de expresión, de prensa, de reunión y el derecho a pedir compensación por agravios al gobierno.
Hasta el momento, varios distritos escolares se han abstenido de emitir una posición oficial, en espera de una definición legal más clara. El tema, sin embargo, ha generado un amplio debate social, legal y político en todo el estado.
