Una jueza federal de Pensilvania dio luz verde al expresidente Donald Trump para utilizar la Ley de Enemigos Extranjeros como herramienta legal para deportar a migrantes presuntamente vinculados con el grupo criminal venezolano conocido como el Tren de Aragua.
El fallo, emitido por la jueza Stephanie Haines, establece que el Gobierno puede proceder con las expulsiones siempre y cuando notifique a los afectados con al menos 21 días de anticipación y se les permita impugnar su deportación.
Esta decisión representa la primera vez que un tribunal respalda el uso de esta ley, promulgada en 1798, en el contexto actual de migración y crimen organizado. Trump invocó dicha ley en marzo para justificar la deportación masiva de cientos de venezolanos, argumentando que forman parte de una organización terrorista.
Aunque en el caso específico revisado, correspondiente a un ciudadano venezolano identificado como A.S.R., la jueza no determinó si pertenecía al grupo delictivo, sí validó la autoridad del Ejecutivo para aplicar la normativa con ciertas condiciones procesales.
La determinación contrasta con resoluciones previas en Nueva York, Colorado y Texas, donde jueces fallaron en contra del uso de esta legislación para deportar a migrantes venezolanos.
La administración de Trump ha señalado al Tren de Aragua como una amenaza a la seguridad nacional debido a sus vínculos con delitos violentos y tráfico de personas.
El uso de la Ley de Enemigos Extranjeros —originalmente pensada para tiempos de guerra contra potencias extranjeras— ha sido motivo de controversia entre expertos en derecho y defensores de derechos humanos, quienes advierten sobre los riesgos de aplicar una norma tan antigua en contextos migratorios contemporáneos.
A pesar de las críticas, la decisión de Haines abre un precedente legal que podría facilitar futuras deportaciones bajo este argumento legal, especialmente si Trump retoma el poder en las próximas elecciones.
